“Recurrimos porque Castilla-La Mancha no recibe ni un euro de financiación para atender a 500 niños que el Gobierno ha decidido que tienen que venir”
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado recurrir el decreto sobre reparto de menores inmigrantes (menas) y autorizar a sus servicios jurídicos a llevarlo a cabo ante la falta de financiación por parte del Sanchismo.
Lo ha confirmado la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. Ha señalado que las autonomías necesitan recursos para asumir la tutela de menores y que este decreto, del que ha lamentado que se haya aprobado sin diálogo entre las regiones, «venga además sin compensación económica».
Para el Gobierno Regional, esto “pone en grave riesgo esa garantía del interés superior de los menores (menas)».
La Junta presidida por Page, no obstante, «comparte la solidaridad necesaria» que se necesita, que «no entiende de límites geográficos y menos cuando estamos hablando de niños y niñas».
Acoger con dignidad
Sin embargo, ha afirmado Padilla que acoger a menas «no es solo abrir la puerta» sino que se trata de acoger con dignidad, por lo que ha criticado que la situación que plantea el decreto «impide a las comunidades autónomas, al menos a Castilla-La Mancha, atender con la dignidad con la que ya lo está haciendo.
«Así que recurrimos este decreto porque Castilla-La Mancha no recibe ni un euro de financiación para atender a 500 niños y niñas que el Gobierno unilateralmente ha decidido que tienen que venir, más de los que ya atendemos», ha sostenido la consejera en declaraciones recogidas por Europa Press.
Padilla ha señalado que la atención a estos 500 menores inmigrantes (menas) que debería acoger Castilla-La Mancha en el reparto acordado por el Gobierno tiene un coste que ha cifrado en más de 26 millones de euros anuales. «Y la financiación prevista por parte del Gobierno es cero para Castilla-La Mancha».
Por otro lado, Padilla ha señalado que el Gobierno Regional decide también recurrir este decreto en base a un informe del Consejo Consultivo. Hay «un flagrante quebranto» del principio de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas.
A ello añade que el Consultivo apunta que hay una posible «invasión de competencias» exclusivas de la Comunidad Autónoma en materia de atención de menores (menas) en este decreto, puesto que ya están recogidas el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Se busca sustituir el problema de los menas
«El informe señala que no existía la necesidad de establecer una norma excepcional como un decreto que dejara fuera la opinión de las comunidades autónomas y, por lo tanto, a la conferencia sectorial. Además, dice que no debía haberse hecho por un decreto ley, porque estamos hablando de derechos fundamentales y es ámbito de una ley orgánica», ha añadido Padilla.
Además, el decreto «no busca la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en materia de asistencia y protección. Más bien, se busca sustituir el problema» de los menas. «Es un problema de España, de la Unión Europea y, con este decreto, lo que hacen es derivarlo a las comunidades autónomas, pero no se da una solución».
