Su Ministerio adjudicó 2,2 millones a Obras Públicas y Regadíos cuando la empresa ya había sido señalada por Aldama por pagar presuntas mordidas
La presunta de red corrupción del PSOE y del Ejecutivo de Pedro Sánchez también llama a la puerta de Óscar Puente.
Tal y como señala El Confidencial, el Ministerio de Transportes ha adjudicado ya en la etapa de Óscar Puente 2,2 millones de los fondos europeos a empresas de la trama de Santos Cerdán.
Son empresas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala como presuntas corruptoras de la red formada por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.
Se trata de Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), ambas empresas señaladas ya por el comisionista Víctor de Aldama en un testimonio judicial del que Puente llegó a mofarse públicamente llamándolo «papeluco».
Adjudicaciones Next Generation
El 14 de enero, la Dirección General de Carreteras de Óscar Puente adjudicó un contrato por 2.006.906 euros a la UTE Grulop 21 y Obras Públicas y Regadíos para la construcción de una pasarela peatonal en el cruce de la autovía en el enlace nº 5 de la GR-30, en Granada. Todo con fondos europeos Next Generation.
Según la documentación de la adjudicación, esta UTE recibió peor puntuación técnica que Vilor Infraestructuras, pero ganó en la puntuación económica. Transportes decidió proceder con esta adjudicación pese a conocer que OPR figuraba en la documentación presentada por Aldama en el Tribunal Supremo en diciembre de 2024.
El empresario presentó papeles que apuntaban al cobro de mordidas por la adjudicación de obra pública en una red instalada en el Ministerio de Transportes.
Confesiones de Víctor de Aldama
Víctor de Aldama ya afirmó que hubo adjudicaciones a empresas de la trama entre 2018 y 2021 que ascendieron a 54 millones de euros a empresas a cambio de mordidas. Una de las señaladas fue Obras Públicas y Regadíos SA.
El informe de la UCO que ha hecho caer a Santos Cerdán, como confirma El Confidencial, confirma los indicios apuntados por Aldama. Al frente de OPR se situaban Daniel y Antonio Fernández Menéndez, que establecieron relación con Koldo en 2018 a través de un intermediario, Fernando Merino, trabajador de Acciona hasta 2021.
La Guardia Civil interceptó conversaciones de Koldo con Daniel Fernández Menéndez que llegan hasta febrero de 2024 donde este le pide que se le adjudique unas obras de emergencia en el tramo ferroviario Monforte-Lugo donde esta compañía trabajaba en UTE ASCH.
En el informe de la UCO se detalla cómo Daniel Fernández medió con Áridos Anfersa para contratar a la mujer de Koldo, Patricia Úriz, que cobró 1.300 euros al mes durante nueve meses sin ir a trabajar.
«Bingo en Asturias»
Entre las adjudicaciones que la Guardia Civil señala que habría conseguido OPR por su relación con Koldo se encuentra la adjudicación en Asturias de obras en una autovía por 7,3 millones. «Parece que hemos hecho bingo en Asturias«, escribió Koldo la entonces subdirectora general de Construcción y hoy alto cargo de la empresa pública SEITT, Camino Arce.
A esta compañía ha confiado el Ministerio de Óscar Puente las mencionadas obras por más de 2 millones de euros. Además, la Dirección General de Carreteras también aprobó con Óscar Puente la ampliación en 289.125 euros de un contrato adjudicado a Levantina Ingeniería y Construcción en UTE con Diez y Compañía. Tras esta modificación presupuestaria, que fue aprobada el 19 de diciembre de 2024, el contrato final ascendió a 1.963.056 euros.
Levantina
Levantina fue una de las empresas que más veces mencionó Aldama en la documentación que aportó al Supremo. El empresario José Ruz, de esta compañía, estaba en la lista de invitados del frustrado viaje a Georgia al que tenía previsto acudir también Begoña Gómez o el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Es una de las tres compañías relacionadas con Koldo junto a OPR y Áridos Afersa.
Según señala El Confidencial, los últimos hallazgos de la UCO “dejan al descubierto las flaquezas de la auditoría de Puente. Si bien es cierto que se ciñó a las presuntas comisiones obtenidas por los contratos de mascarillas, sus conclusiones no pudieron prever la magnitud de la corrupción instalada en el ministerio, como apunta la UCO”.
