El anteproyecto incluye ‘supuestos de intromisión ilegítima en el derecho al honor’ que pueden anular escuchas que aún no salieron de altos cargos de la trama
El Gobierno de Pedro Sánchez preparó un anteproyecto de una ‘ley Koldo‘ sobre el derecho al honor que busca declarar como “ilegítimas” ciertas grabaciones, como las que aparecen en el último informe de la UCO sobre la presunta trama de comisiones ilegales relacionada con el caso PSOE.
Según informaron fuentes del Ejecutivo a The Objective, en una pieza recogida por la periodista Ketty Garat (una de las profesionales más criminalizadas por informar sobre la sentina corrupta del ‘caso PSOE’) la propuesta se analiza esta tarde en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, con la intención de aprobarla en un inminente Consejo de Ministros.
Ley Koldo a medida de la estrategia de defensa de los cabecillas socialistas imputados
Un artículo del anteproyecto, al que accedió este medio, define varios “supuestos de intromisión ilegítima” en el derecho al honor, la intimidad y la imagen personal. Uno de esos supuestos es el uso de dispositivos de escucha, grabación o vigilancia en cualquier lugar, o cualquier medio apto para conocer o registrar la vida privada. Además, se limita el uso de grabaciones dirigidas a acceder a “comunicaciones privadas, memorias u otros escritos o grabaciones personales”.
A diferencia de la llamada Ley Begoña, presentada por el grupo parlamentario socialista para restringir la acción de las acusaciones populares, esta norma surge por iniciativa directa del Ejecutivo. Fue impulsada específicamente por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dentro de la agenda legislativa del Gobierno.
Los ‘supuestos de intromisión ilegítima en el derecho al honor’ que se usarán
Sánchez busca que la norma se apruebe el martes próximo en el Consejo de Ministros, un día después de la declaración ante el Supremo de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia de defensa de dirigentes implicados en el caso, como José Luis Ábalos y el propio Cerdán, quienes buscan deslegitimar los audios del informe de la UCO al declarar que no “se reconocen” en ellos.
El texto considera también una vulneración del derecho al honor “la divulgación por cualquier medio de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación o buen nombre”, así como la difusión de contenidos como “comunicaciones privadas, memorias y grabaciones personales”, sin consentimiento.
Otra novedad del anteproyecto es la posible invalidación de informaciones procedentes de profesionales que denuncien a compañeros de trabajo, como ocurrió con Jésica Rodríguez en Ineco. Se incluye como intromisión la revelación de “datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial”.
La ley Koldo podrá invalidar futuras escuchas de la UCO a nuevos implicados de la organización criminal
En total, el texto contempla ocho supuestos de intromisión ilegítima, incluyendo también la imputación de hechos, juicios de valor o expresiones que dañen la dignidad o fama de una persona, así como la explotación de un delito ya sentenciado para obtener fama o beneficio económico.
Finalmente, la disposición transitoria única indica que los procedimientos judiciales en curso relacionados con el honor, la intimidad o la imagen seguirán con la normativa anterior si aún no concluyeron al entrar en vigor la nueva ley.
Las fuentes consultadas advirtieron que, aunque no se prevé la invalidez de las grabaciones realizadas por Koldo García, sí podría afectar a futuras escuchas entre miembros del Gobierno si se usaran tras la entrada en vigor de la denominada ley Koldo.
