El TSJ de Extremadura rechaza la suspensión urgente del nombramiento y tramitará la petición de la acusación popular por la vía cautelar ordinaria
El cabecilla del PSOE extremeño salpicado por el ‘caso Hermano‘, Miguel Ángel Gallardo, seguirá detentando su condición de diputado autonómico a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) tachó de «fraude de ley» su repentino aforamiento.
El alto tribunal regional, sin embargo, se niega a la suspensión cautelarísima de su nombramiento, como había pedido la acusación popular que ejerce la asociación Liberum, porque no aprecia razones de especial urgencia que justifiquen la suspensión.
En consecuencia, el TSJE tramitará la petición de Liberum por vía cautelar, escuchando al resto partes implicadas, lo que implica una demora de decisión al respecto.
El TSJ no aprecia la urgencia ni los daños de imposible o difícil reparación
Los magistrados no aprecian «que se den los requisitos necesarios para acordar la suspensión instada con la urgencia pretendida, dado que la continuación del acto recurrido no genera daños de imposible o difícil reparación».
El TSJE recuerda a Liberum que «los actos de la Asamblea de Extremadura relacionados con la adquisición de la condición de diputado» de Gallardo forma ya «objeto del procedimiento» tras la petición efectuada por la propia asociación el pasado junio, cuando solicitó «la tramitación de esa pretensión como medida cautelar ordinaria«.
Liberum advirtió que Gallardo trata de burlar con el aforamiento exprés al juez predeterminado
Tal y como recoge La Razón, el abogado de la asociación Liberum detalló en su escrito del 9 de junio los perjuicios «de imposible o difícil reparación» que se producirían de suspenderse cautelarmente la condición de diputado de Gallardo, porque el socialista intentaba burlar con su sorpresivo aforamiento exprés al juez ordinario predeterminado por la ley, daños que sufriría también «la propia Asamblea de Extremadura».
En concreto el abogado señalaba «los daños producidos a los candidatos electos que renunciaron al nombramiento que, por su posición en la lista electoral les correspondía y que, cedieron a favor de quien obró en fraude de ley o abuso del derecho en beneficio propio».
