Para evitar la ley incompatibilidades, la pareja de Montserrat Mínguez dejó temporalmente de ser responsable de la empresa agraciada con una concesión municipal
La nueva Portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montserrat Mínguez, cuando ejercía como segunda teniente de alcalde y responsable del área de Economía en el Ayuntamiento de Lérida, perdonó una deuda de 281.783 euros a su pareja, según The Objective.
En junio de 2014, el Ayuntamiento en manos del PSOE condonó una deuda a la empresa Adaix de Negocios, encargada durante cinco años de gestionar una zona de ocio en el parque de Gardeny, una antigua zona militar de Lérida. Detrás de esta sociedad se encontraba Sergi Vélez, pareja de Mínguez.
La empresa de la pareja, creada dos semanas antes del concurso público
Según informó el citado digital, Adaix de Negocios se creó el 14 de enero de 2009, apenas dos semanas antes de que se convocara el concurso público al que se presentaron cuatro empresas, aunque finalmente fue seleccionada la de Sergi Vélez.
Fuentes consultadas por el mismo medio indicaron que, para evitar que Montserrat Mínguez incurriera en una incompatibilidad legal, Vélez dejó de figurar como administrador único el 1 de abril de ese año, y volvió a la empresa el 10 de agosto como apoderado.
La Fiscalía Anticorrupción investigó la operación y también el cobro de dietas irregulares por parte del entonces alcalde, Ángel Ros, aunque la denuncia se archivó en octubre de 2015 al no poder acreditarse la existencia de corrupción en su actuación.
Prórrogas a una concesión ruinosa ‘por motivos de cohesión y paz social’
Cuando en 2012 finalizó la concesión, el Ayuntamiento verificó que Adaix arrastraba una deuda que impedía la renovación del contrato, aunque finalmente se prorrogó hasta junio de 2013.
La estrategia obtuvo los resultados esperables: las deudas se incrementaron, y se acumularon 320.000 euros pendientes y los 161.655 euros correspondientes a la garantía adicional.
En un correo de marzo de 2014, la actual portavoz del PSOE reconocía que la empresa vinculada a su pareja no había abonado nada del ejercicio anterior, y que se había acordado fraccionar la deuda para facilitar su pago.
Cuando la concesión expiró, el 2 de junio, el alcalde Ros trasladó a los funcionarios municipales la conveniencia de modificar el contrato por “interés público” y prolongar la prórroga. Un informe de la concejalía de Turismo argumentaba que la ciudad no podía prescindir de esos espacios “por motivos de cohesión y paz social”.
La concejal que denunció irregularidades, cesada y expulsada del PSOE
En diciembre de 2014, la entonces concejal de Urbanismo, Marta Camps, denunció irregularidades tanto en el contrato como en las dietas cobradas por el alcalde. Esto motivó una visita de miembros de la Fiscalía Anticorrupción y de la Oficina Antifraude de Cataluña al Ayuntamiento de Lérida para recabar documentación sobre los hechos.
Camps afirmó que el Consistorio había hecho “un traje a medida” para beneficiar a Adaix, eximiéndola del pago de casi 300.000 euros. A su juicio, las denuncias permitieron sacar a la luz facturas “que siempre había negado”.
Como consecuencia, Ros destituyó en febrero a Camps, quien en ese momento era primera teniente de alcalde. El PSOE justificó su denuncia en que ya sabía que no repetiría en las listas electorales.
Camps, expulsada del partido, siguió afirmando que el exalcalde había mantenido “actitudes poco éticas con los gastos públicos”. Fue precisamente Montserrat Mínguez quien la reemplazó como primera teniente de alcalde y portavoz del PSOE.
