El actual senador del PSOE, Artemi Rallo, cerró dos expedientes tras denuncias policiales sobre locales vinculados a la esposa de Sánchez
Artemi Rallo, hoy senador del PSOE y entonces director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), archivó dos denuncias policiales por cámaras ocultas en saunas propiedad de la familia política de Sánchez cuando éste ya detentaba un escaño de diputado nacional.
Las saunas Azul y Princesa, en el centro de Madrid, estaban gestionadas por el padre y el tío de Begoña Gómez, la tetraimputada esposa presidencial. En 2010 y 2011, la Policía Municipal detectó sistemas de videovigilancia ilegales y con serias deficiencias informativas hacia los clientes.
Según recoge el periodista Alejandro Entrambasaguas, pese a semejantes irregularidades, el socialista Rallo desestimó las denuncias sin verificación ni inspección alguna de lo que ocurría en los locales, a pesar del riesgo para la intimidad de los clientes.
Premiado con el Senado, defensor de la Amnistía
La documentación de las resoluciones que aporta El Debate, señalan que el alto cargo socialista cerró expedientes clave sin agotar los medios de inspección, pese a que las denuncias provenían de la Policía.
“El sistema de videovigilancia reúne los requisitos… no se aprecia infracción”, concluyó el socialista Rallo en los dos expedientes. Años después, ese mismo funcionario fue elevado al Senado y designado por Sánchez como defensor de la Ley de Amnistía.
¿Protección institucional o archivo político?
Los informes policiales advertían que en la sauna Azul “se han comprobado videocámaras sin autorización”. En la sauna Princesa, los agentes hallaron seis cámaras ilegales y sin la documentación requerida por la Ley de Protección de Datos.
¿Qué hizo Rallo? Solicitó explicaciones por escrito a los dueños, quienes aseguraron tener “una cámara en el hall” o “cuatro cámaras para seguridad”. Los inspectores de la AEPD jamás acudieron a las saunas a investigar hechos tan graves en locales donde la intimidad personal están en riesgo de una forma tan evidente.
En su lugar, la AEPD, en manos del socialista, aceptó sin comprobación alguna las alegaciones del responsable, que indicó que sólo el propietario accedía a las grabaciones y que «las cámaras almacenan imágenes en un disco duro por un periodo de 10 días, tras lo cual se eliminan de forma automática».
