El alcalde asegura que se está generando inseguridad y el Gobierno da la espalda al conflicto: «la convivencia es competencia municipal»
El Ayuntamiento de Medina del Campo, a través de su alcalde, Guzmán Gómez, ha remitido una carta al subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. Le han trasladado “la preocupación de la ciudadanía ante la concentración de un grupo numeroso de personas de origen magrebí en diversas zonas públicas del municipio”.
El alcalde expone que la situación ha generado “inquietud entre los vecinos ya que están usando calles y parques como lugares de residencia, pernoctando y realizando actividades cotidianas en los mismos, lo que ha provocado percepción de inseguridad en la población”.
El Ayuntamiento ha solicitado al Subdelegado del Gobierno que valore “la adopción de medidas y la puesta a disposición de recursos para reforzar la seguridad ciudadana y garantizar la convivencia pacífica en la localidad”.
Inseguridad en Medina
Desde el Ayuntamiento de Medina “necesitan apoyo y más efectivos para preservar la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana”. Su alcalde reitera la plena “disposición del Ayuntamiento para colaborar con las autoridades en busca de soluciones eficaces”.
En paralelo, el sindicato Jupol, que pasa por ser el mayoritario de la Policía Nacional, ha mostrado su “preocupación” por el “incremento de los datos de criminalidad en Medina del Campo. Se han incrementado los delitos en un 48,5%, liderando el incremento de la criminalidad en Castilla y León”.
“Se sitúa, como el segundo municipio de España en este sentido, solamente superado por la localidad sevillana de Morón de la Frontera que ha incrementado sus índices de criminalidad en un 53,6%”, añaden.
Convivencia frente a ilegalidad
Ante la situación Jacinto Canales, que es el subdelegado del Gobierno se ha limitado a señalar que el problema de Medina del Campo es de convivencia y no de ilegalidad. Si tiene constancia de que hay ilegalidades que denuncia a la Guardia Civil o a la Policía Nacional”.
El subdelegado del Gobierno en Valladolid ha añadido que desde el Gobierno de España se “facilita a las empresas la mano de obra de la que no dispone la comarca de Medina” pero ha añadido que “realizan controles exhaustivos para que todo esté dentro de la legalidad” con “grandes sanciones” para los empresarios que “no cumplan”.
Y señala también, en declaraciones a El Español, que estas personas que pernoctan en Medina del Campo lo hacen “porque hay una alta demanda de trabajo agrícola. Habría que hacerles un homenaje porque satisfacen nuestras necesidades y han venido legalmente a hacerlo”.
«Que lo denuncien»
Y añade que “si VOX y el alcalde de Medina del Campo saben que no tienen papeles, que lo denuncien«, advierte, recordando a su vez a la formación de Santiago Abascal que también es de su “responsabilidad» la situación al formar parte de un gobierno en coalición.
Y es que VOX, al igual que Guzmán Gómez, se ha expresado en los mismos términos a través de un video en ‘X’ en el que denuncian la “percepción de inseguridad” entre los vecinos medinenses por el “asentamiento descontrolado” en el pueblo.
Finalmente, Canales reafirma que la vigilancia de espacios públicos es competencia de la Policía Municipal, cuyo jefe es el alcalde de Medina del Campo. Al no haber actuado todavía con la situación que denuncia, el subdelegado del Gobierno en Valladolid apunta que Guzmán Gómez “no ejerce sus competencias”.
150 ilegales en el balneario de lujo
Recordamos, que hace año y medio, el Gobierno de Pedro Sánchez alojó a 150 inmigrantes en un balneario de Medina del Campo, en Valladolid. Tras ello, ha habido quejas.
El alcalde se enteró por las redes sociales y que la información que maneja la tiene porque se la ha facilitado una asociación. Tampoco se había notificado previamente de este traslado a la Junta de Castilla y León.
Mientras tanto, la delegación de Gobierno quitó importancia a este hecho y aseguró que en los próximos días otros seis centros de la comunidad recibirán grupos de inmigrantes.
Las consecuencias las vemos ahora, con ilegales por las calles y con un aumento de criminalidad en casi un 50%.
