Recurre al Tribunal de Justicia de la UE, porque el Constitucional pudo suplantar al Supremo creando un ‘riesgo sistémico de impunidad’ ante la corrupción
La Audiencia Provincial de Sevilla plantea cuatro cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en respuesta a las actuaciones del Tribunal Constitucional (TC) encabezado por el ex fiscal general de Zapatero, Conde-Pumpido, en su pretensión de borrar los delitos perpetrados en el millonario saqueo de los ERE.
El documento, comunicado este martes a las partes, indica que el TC «podría haber suplantado» al Supremo en su papel como máxima autoridad judicial encargada de interpretar y aplicar la ley.
Esta actuación, según el escrito, «pudieran haber ocasionado un daño institucional difícilmente reparable» al invalidar las condenas impuestas a antiguos cabecillas socialistas de Andalucía sentenciados en firme.
‘Riesgo sistémico de impunidad en la persecución de la corrupción’
El auto, fechado el lunes 14 de julio, la Audiencia consideró «imprescindible» la intervención de Bruselas para evitar «un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares«, generando «un espacio de impunidad en la persecución de la corrupción».
En principio, las resoluciones del TC equivalieron a una exoneración de facto de los principales líderes del PSOE andaluz involucrados en la trama, ya que obligaban a dictar una nueva sentencia solo sobre los hechos no eliminados por el TC de Pumpido. Sin embargo, con el planteamiento ante el TJUE, esa resolución quedó en suspenso.
Según el TC de mayoría izquierdista, como el saqueo figuraba en la ley de Presupuestos, los políticos no son responsables
Según lo publicado por El Confidencial, el texto judicial advirtió que la mayoría progresista del TC “se extralimitó” al revisar el caso de los ERE y su interpretación «de los delitos de prevaricación y malversación se vincularía genéricamente con la exención de responsabilidades a todo hecho realizado en el marco de la iniciativa legislativa presupuestaria».
En otras palabras, esto conduciría a la impunidad, ya que «impide determinar responsabilidades penales, civiles y contables» para quienes promuevan leyes que persiguen «un fin fraudulento, prohibido y contrario a las normas de la UE», como ocurrió con las leyes de Presupuestos que legitimaron el reparto irregular de ayudas del caso ERE.
Asimismo, el auto enfatizó que «los miembros del Gobierno de una comunidad no son irresponsables y no gozan de inmunidad por los delitos que puedan cometer», y recalcó que esta idea no figura en la Constitución, «ni está justificada la pretensión situar a los miembros del Gobierno por encima de la ley».
La Junta socialista de Susana Díaz se negó a recuperar el dinero saqueado y solicitó el archivo del caso
Por último, respecto a la posibilidad de “recuperar los 700 millones” desviados, la Audiencia de Sevilla rechazó la propuesta de la Junta de Andalucía, actualmente gobernada por el PP, al recordar que el anterior Ejecutivo autonómico del PSOE, liderado por Susana Díaz, en 2016 optó por retirarse del proceso y solicitó el archivo del caso.
