El ministerio, ante la huida masiva de personal por el nuevo modelo de financiación veta la salida de funcionarios de la región
El Ministerio de Hacienda aplica restricciones a la movilidad de los funcionarios destinados en Cataluña para evitar una fuga masiva ante el nuevo modelo de financiación pactado consigo mismo por el Partido Socialista -entre el ejecutivo central del yerno de Sabiniano y el regional de Salvador Illa-, con el fin de tratar de satisfacer las mayores exigencias de los acreedores parlamentarios separatistas.
Este refuerzo se enmarca en el acuerdo para el denominado «cupo catalán», que busca que Cataluña gestione progresivamente el IRPF. Sin embargo, el troceo de la Hacienda común se rubricó el pasado lunes en mínimo documento de seis páginas que, ni aporta datos concretos, ni menciona en ningún momento al personal, ni los medios necesarios para implementar esta transferencia.
El apaño, tachado por Junts de ‘tomadura de pelo’, tampoco se detalla cuál será el ‘cupo catalán’, ni la ‘contribución solidaria‘ eufemismo para llamar al dinero que unilateralmente decidirá aportar la región al resto de su propio país.
La Generalidad exige dos años de permanencia en las plazas
Según recoge Vozpópuli, la Generalidad exige ahora que los trabajadores permanezcan al menos dos años en sus plazas y prevé destinar la mayoría de las nuevas promociones de inspectores a esta comunidad. El objetivo es evitar vacíos en la Agencia Estatal y facilitar el fortalecimiento de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).
El primer destino para muchos inspectores suele ser Cataluña, debido a que pocos opositores catalanes eligen plazas en su región. Actualmente, la ATC cuenta con 839 empleados y 27 inspectores, frente a los más de 4.000 trabajadores y 300 inspectores de la Agencia Estatal en Cataluña, una diferencia significativa que impide asumir de inmediato competencias como la recaudación del IRPF.
El ‘consorcio’ integrará las administraciones tributarias
El pacto con Sánchez se centra en que Cataluña gestione la Campaña de la Renta de 2025, evitando por ahora las complejas retenciones del IRPF, aunque ERC y Junts exigen mayor concreción sobre el cupo y la contribución solidaria.
Actualmente, la administración catalana ha acelerado convocatorias para técnicos, inspectores y gestores, elevando su plantilla a cerca de 1.000 empleados. Aun así, sigue siendo insuficiente para asumir todos los tributos, como contempla el acuerdo.
El Gobierno prevé usar la figura del consorcio prevista en el Estatut para integrar progresivamente a las administraciones tributarias. Además, la Generalidad contrató a Indra para desarrollar su sistema informático, tras el fracaso de IBM en 2015.
