Desde 2022 se han registrado más de 4.194 llamadas relacionadas con la okupación ilegal en el servicio de ayuda de la Comunidad de Madrid
Sigue existiendo una indecente permisividad ante el fenómeno de la ocupación de las viviendas en España. Un hecho muy significativo en la Comunidad de Madrid y en concreto, como en muchas otras, en localidades como Galapagar.
Tal y como confirma Telemadrid, en la Comunidad de Madrid, según datos oficiales del servicio 112 Ocupación, se han registrado más de 4.194 llamadas relacionadas con este delito desde su creación en 2022. Muchas de ellas en Galapagar. Pero solo se han logrado evitar 44 ocupaciones. El impacto social y psicológico en las víctimas es indiscutible, como ha denunciado repetidamente el Gobierno regional.
En este contexto, Galapagar, un municipio situado a 30 kilómetros de la capital, ha decidido tomar la delantera con un plan pionero para blindar sus propiedades y erigirse como un modelo en la lucha contra la ocupación ilegal.
Oficina antiokupación
Galapagar ha lanzado una ofensiva sin precedentes que combina medidas preventivas, asesoramiento legal y sanciones contundentes. La piedra angular de su estrategia es la creación de una oficina municipal antiokupación. Se trata de un servicio gratuito que ofrece orientación jurídica especializada a los vecinos afectados y coordina acciones con juzgados y fuerzas de seguridad para agilizar los desalojos. «No podemos permitir que la sensación de impunidad siga creciendo. Queremos que Galapagar sea un ejemplo de cómo combatir este problema con herramientas eficaces», explicó un portavoz del Ayuntamiento.
Entre las iniciativas más destacadas figura la creación de un censo de viviendas en riesgo, un registro que identificará inmuebles deshabitados o vulnerables para incrementar su vigilancia.
Además, el Ayuntamiento de Galapagar ha firmado convenios con entidades financieras y grandes propietarios para gestionar de forma proactiva los bienes vacíos y evitar que caigan en manos de ocupas. «La colaboración con bancos es clave. Muchas viviendas okupadas son propiedades embargadas que pasan meses sin supervisión«, señaló a Telemadrid el mismo portavoz.
El cambio en todas las casas
Pero sin duda, la medida que ha acaparado más atención es la modificación de la ordenanza municipal para obligar a los propietarios a instalar sistemas de seguridad avanzados en sus viviendas. Según la nueva normativa, todas las casas deberán contar con cerraduras reforzadas, puertas blindadas o sistemas de videovigilancia, una exigencia que busca disuadir a los okupas desde el primer momento. «Los okupas prefieren inmuebles de fácil acceso. Queremos que Galapagar sea un territorio hostil para ellos».
La ordenanza también introduce sanciones económicas para quienes incumplan estas medidas. E incluso faculta al ayuntamiento a actuar de oficio en casos de negligencia. «No se trata solo de multar, sino de evitar que los propietarios, por desidia o desconocimiento, faciliten la okupación».
Expertos consultados por OkDiario subrayan que estas exigencias son «un paso adelante» en la prevención, ya que el 80% de las ocupaciones se producen en viviendas con medidas de seguridad insuficientes.
