Se esperan este mes sendos informes de la UCO sobre licitaciones de obra sospechosas y compras de mascarillas fake por el Govern de la actual presidente del Congreso
El Gobierno insular balear, encabezado por Marga Prohens, decidió auditar todos los contratos que el anterior Ejecutivo autonómico, presidido por Francina Armengol, adjudicó a compañías presuntamente vinculadas con la presunta organización criminal del “caso PSOE”.
Las licitaciones, que superan en conjunto unos nueve millones de euros, serán revisadas una a una para determinar el importe abonado y las circunstancias que rodearon su concesión.
En espera de informes de la UCO sobre licitaciones de obra y compras de mascarillas fake por el Govern de Armengol
Esta medida se adopta mientras la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, por encargo del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, investiga los posibles vínculos de Armengol con miembros de la citada red criminal.
Antes de fin de mes, el juez espera recibir próximamente un informe de la UCO sobre la compra de “mascarillas fake” durante el mandato de Armengol y tampoco “se descarta un segundo informe” que examine la contratación de empresas vinculadas a la trama en diferentes obras ejecutadas en las islas.
El Ejecutivo balear analiza las concesiones de Armengol a Levantina, SFM y Acciona
Los primeros contratos a auditar por el actual Gobierno balear son los otorgados a la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción SL, que obtuvo encargos por un valor total de 9,6 millones de euros.
Tal y como recuerda Voz Pópuli, destaca la licitación para construir un inexistente centro para mayores dependientes en Son Dureta. En este proyecto, la empresa se declaró en quiebra y dejó las obras sin concluir.
El Ejecutivo actual también revisará otros contratos otorgados a SFM por un total de 299.980 euros, relacionados con la rehabilitación de tres puentes: el de sa Picarda, el de Sa Barranquera y el del carril en Consell.
Posteriormente, el Govern examinará los contratos firmados con empresas de mayor envergadura como Acciona, cuyas cuantías son mucho más elevadas y suponen un desafío mayor para la fiscalización.
