La APIF ha reaccionado “en protección” de la Institución que encabeza García Ortiz quien confirma su intención de mantenerse en su nombramiento
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido este miércoles al Supremo que suspenda de sus funciones al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, “una vez se dicte auto de apertura de juicio oral”.
Todo por la causa en la que está procesado por un delito de revelación de secretos, después de que la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal avalase la decisión del instructor Ángel Hurtado de sentarle en el banquillo. Una decisión que, de ser admitida por la Sala Segunda, le apartaría también de su condición de fiscal.
En el escrito registrado por la entidad profesional APIF, personada como acusación popular, al que ha tenido acceso El Debate, se argumenta que si el Reglamento del Ministerio Fiscal dispone que el titular del Ministerio Público tiene la potestad de “acordar motivadamente, con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal”, la separación cautelar de la Carrera de cualquier miembro de la misma contra el que se siga un procedimiento penal, tendría que aplicarse por analogía cuando el procesado es el propio fiscal general.
Petición al Supremo de suspensión
De hecho, tal y como se prevé en la normativa vigente “dicha suspensión” se adoptará cuando “se dicte auto de apertura de juicio oral o de prisión por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas”.
En el presente caso, “no ofrece ninguna duda que el fiscal general del Estado se integra dentro del concepto cualquier miembro del Ministerio Fiscal” según los artículos 12 y 31.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), reza el documento presentado en el Supremo.
La APIF ha reaccionado así, “en protección” de la Institución que encabeza García Ortiz quien, tras agotar la última vía para evitar sentarse en el banquillo, confirmaba su intención de mantenerse en su nombramiento. Para los letrados de la asociación esto es incompatible con el ejercicio de las potestades atribuidas al Ministerio Público.
