El Sanchismo prohíbe la fusión de los dos bancos por un plazo de al menos tres años y es un “perjuicio irreparable” para los intereses del BBVA
BBVA ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para pedir que se revoquen las condiciones impuestas por el Gobierno a la OPA lanzada sobre Banco Sabadell, según recoge Bolsamanía y adelanta El Español.
La entidad presentó el escrito con su recurso el pasado 15 de julio, al considerar que las condiciones de Gobierno de Pedro Sánchez suponen un «perjuicio irreparable» para sus intereses. Entre otros aspectos prohíben la fusión de los dos bancos por un plazo de al menos tres años,
En concreto, el recurso fue presentado días antes de que la Comisión Europea comunicara su decisión de abrir un expediente de infracción contra España por sus condiciones a la OPA.
Fue una acción en la que Bruselas cargó contra los poderes discrecionales que se otorga al Gobierno en varias normas de la legislación española para poder frenar operaciones como esta.
Sin embargo, BBVA considera que este proceso legal no interfiere en la operación, con la que ha decidido recientemente seguir adelante a pesar de las condiciones del Ejecutivo y de la venta por parte de Sabadell de TSB, su filial en Reino Unido.
La entidad vasca se ha basado para su recurso en la ley 29/98 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que habilita reclamaciones contra las decisiones de la Administración… Si «producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos».
A finales de junio, el Gobierno autorizó la OPA de BBVA sobre Sabadell pero con una serie de condiciones. Entre ellas, la que establece que las dos entidades mantengan en los tres próximos años «personalidad jurídica y patrimonio separados así como autonomía en la gestión de su actividad».
Autonomía y garantías
Concretamente, cada entidad deberá preservar la autonomía en la gestión de su actividad orientada al mantenimiento de los criterios de interés general, distintos de los relativos a la defensa de la competencia, que fundamentan la decisión del Consejo de Ministros.
Estos criterios son: garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial vinculada al apoyo al crecimiento y a la actividad empresarial. Además, protección de los trabajadores, cohesión territorial, objetivos de política social relacionados con la obra social de las fundaciones, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible, y promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico.
