Las declaraciones del exvicepresidente desatan dudas sobre un posible acceso privilegiado a datos policiales sensibles
Una publicación en la red social X (antes Twitter) del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha encendido todas las alarmas. En ella, Iglesias reconoce haber difundido una información errónea sobre la supuesta detención de los agresores de un militante judío, y afirma que esa información le llegó de «fuentes gubernamentales directas».
“Fui yo mismo quien recibió de fuentes gubernamentales directas la confirmación de la detención”, afirma Iglesias en su perfil oficial, antes de admitir que finalmente “ni los detuvieron ni se prevé que vayan a ser detenidos”.
Las reacciones no tardaron en llegar. El periodista Alberto Pugilat publicó varios mensajes en los que plantea interrogantes de alto voltaje:
“¿Qué ciudadano puede recibir información policial de fuentes directas gubernamentales sobre la situación de privación de libertad de una persona?”, se pregunta Pugilat. Y añade: “¿Qué tipo de corrupción estamos contemplando en directo?”
Pero lo más explosivo vendría después. En otro post, Pugilat se hace eco de unas declaraciones en un Space de X, donde presuntamente Isidoro Román Cuesta —afín a Iglesias— habría reconocido que el ministro del Interior estaría ofreciendo información confidencial de la Guardia Civil a su entorno cercano.
“¿Estaríamos ante un delito de revelación de secretos?”, plantea el periodista. “¿Se vendrán querellas?”, concluye, mientras añade un significativo “Pronto lo sabremos”.
¿Acceso privilegiado o error de comunicación?
En su comunicado, Iglesias niega que le hayan mentido y sostiene que la información le llegó tal cual se transmitió desde niveles inferiores del sistema policial. Su hipótesis personal es que hubo una detención inicial por parte de la Guardia Civil que luego fue revertida. Aclara que no tiene pruebas, pero que intentará verificarlas.
Este tipo de filtraciones, si se confirman, podrían abrir un debate jurídico y político de gran calado. La revelación de información protegida sobre procesos policiales activos está tipificada en el Código Penal español, y podría derivar en consecuencias legales graves si se demuestra intencionalidad o uso indebido.
El debate público: ¿doble rasero judicial?
Pablo Iglesias finaliza su mensaje con una reflexión provocadora:
“¿Qué habría ocurrido si los agresores fueran de izquierdas, racializados, africanos o latinoamericanos?”
Una pregunta que plantea el eterno debate sobre el tratamiento mediático, judicial y policial según el perfil ideológico o racial de los implicados.
