Agricultores denuncian que pierden sus parcelas y, diez meses después de las riadas, aún no saben si recibirán indemnizaciones
La decisión del Gobierno socialcomunista de declarar como Dominio Público Hidráulico (DPH) parte de las parcelas privadas arrasadas por la gota fría Dana de octubre de 2024 ha desatado la indignación rural en Valencia.
Los agricultores afectados denuncian que ya no pueden explotar sus tierras, ni siquiera reparar accesos o plantar, porque todo depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Lo más grave: no está claro si serán indemnizados.
El golpe al campo valenciano
- La riada afectó a más de 50.000 hectáreas de cultivos y dejó pérdidas por 1.000 millones de euros, según AVA-ASAJA.
- En muchos tramos, los ríos y barrancos ensanchaban su cauce a costa de terrenos agrícolas.
- Alrededor del 6% de las parcelas están en un limbo: podrían pasar a DPH sin compensación clara.
El Ministerio de Agricultura ofrece una “ayuda específica” de 11.800 €/ha (máximo 200.000 € por agricultor), pero los productores aseguran que en zonas de cítricos y viñedo el valor real duplica o triplica esa cantidad.
Campos abandonados y vendimias en riesgo
Tal y como recoge The Epoch Times España, diez meses después de la riada, cientos de explotaciones siguen inaccesibles por la lentitud de los trabajos de TRAGSA, lo que pone en peligro la vendimia de este año.
“La brecha económica es evidente y la falta de información genera una auténtica injusticia”, denuncia Víctor Viciedo, presidente de ALIV.
«En primer lugar pediría más transparencia por parte de la administración y que diera acceso a toda la documentación sobre lo ocurrido y que los agricultores tengan información en tiempo real del proceso de reconstrucción, así como de las inversiones tanto públicas como privadas que se han ejecutado y de la que están pendientes de ejecutar», precisa Viciedo.
¿Responsabilidad del Estado?
Los agricultores apuntan a posibles errores de gestión en presas como la de la Forata, que habría agravado la riada. También denuncian la falta de limpieza de cauces y la inacción en obras hidráulicas prometidas y nunca ejecutadas.
Además, culpan a la legislación ambiental del Pacto Verde europeo de encarecer costes y limitar la capacidad de reacción del sector.
Movilizaciones en el horizonte
Si no se aclara el futuro de las parcelas ni se garantiza una compensación justa, los agricultores valencianos no descartan protestas en los próximos días, advirtiendo que está en juego la sostenibilidad del campo mediterráneo.
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