La teniente fiscal ha solicitado que se archive la querella por prevaricación presentada por el sindicato Manos Limpias
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha salido en defensa del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. También de los otros cinco magistrados que avalaron la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿De quién depende la Fiscalía…?
La teniente fiscal del alto tribunal, María de los Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado que se archive la querella por prevaricación presentada por el sindicato Manos Limpias, argumentando que “la presente querella, sin embargo, solo puede ser inadmitida”. Así lo ha relatado The Objective.
En un escrito al que ha tenido acceso este periódico, la considerada como número dos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, considera que no hay base penal para investigar a los seis jueces del Tribunal Constitucional. En concreto, la teniente fiscal sostiene que “la iniciativa choca frontalmente con lo establecido en el punto 4.2 LOTC según la redacción proveniente de la reforma operada por la virtud de la Ley Orgánica 6/2007 de 24 de mayo”. Es el escrito al que ha tenido acceso The Objective.
Esta Ley Orgánica señala que “las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado«.
Magistrados prevaricadores
Pero Manos Limpias no tacha de prevaricadora la sentencia del Tribunal Constitucional, sino la actuación de los magistrados en el ejercicio de su cargo. Además, el sindicato recuerda que los miembros de la Corte de Garantías están aforados ante el Supremo cuando se les atribuye la comisión de un delito durante el desempeño de sus funciones.
En su escrito, la fiscal añade que la argumentación de Manos Limpias de que el fallo del Constitucional “no responde a un análisis técnico jurídico, sino a motivaciones políticas-partidistas”, el sindicato “lo obtiene, al parecer, de un voto particular”, apunta The Objective.
Finalmente, solicita que el Tribunal Supremo “dicte una resolución aclarando la competencia de la Sala y el archivo de las actuaciones por no ser los hechos constitutivos de delito”.
Apoyo institucional a Conde-Pumpido
Esta posición, por lo tanto, evidencia un nuevo respaldo institucional a Conde-Pumpido. Contra él ya se han presentado más de media docena de querellas similares, ninguna de ellas admitida hasta ahora. En esta ocasión, la querella fue admitida a trámite de forma preliminar tras ser subsanado un defecto formal que contenía el escrito inicial presentado por Manos Limpias.
La Sala Segunda del Supremo había instado al sindicato a transformar su denuncia en querella formal, lo que finalmente se hizo.
La querella, dirigida contra Conde-Pumpido y otros cinco magistrados sostiene que los seis avalaron una resolución “a sabiendas injusta”, al anteponer intereses políticos a principios constitucionales fundamentales.
