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Procesada concejal del PSOE por hacer funcionaria a una mujer a cambio de votos

La dirigente socialista de Arcos de la Frontera, María José González, presuntamente amañó una oposición para que la familia de la beneficiada votase al PSOE

María José González, concejal y vicesecretaria general del PSOE en Arcos de la Frontera (Cádiz) se sentará en el banquillo tras ser acusada de amañar un concurso-oposición para colocar a una funcionaria interina a cambio de votos de toda su familia en las elecciones municipales de 2019.

El juez atribuye a la cabecilla socialista local, en su momento ex teniente de alcalde de Personal y Hacienda, un papel clave en la presunta trama de corrupción electoral.

El pacto: un empleo público a cambio de votos

Según el auto judicial, González Peña y su asesor, Luciano Muñoz Castaño (entonces jefe de la Policía Local), ofrecieron a Manuela F. N. una plaza en el Ayuntamiento con una condición muy concreta: que ella, su marido, hermanas, madre y allegados votaran al PSOE en los comicios municipales.

El plan se diseñó en junio de 2018 en una reunión en un restaurante de la localidad. Poco después, la oposición fue “teledirigida”:

  • La propia candidata redactó el examen tipo test.
  • Se le filtró el contenido del caso práctico.
  • Se le garantizó la máxima puntuación en la fase de concurso gracias a su antigüedad.

El resultado: aprobó con ventaja y tomó posesión de la plaza el 1 de julio de 2019, apenas dos semanas después de que el PSOE revalidara la alcaldía con mayoría absoluta.

⚖️ Delitos atribuidos

Tal y como recoge ABC, El juez instructor, Eduardo Vaquero Llevot, aprecia indicios de:

  • Prevaricación.
  • Revelación de secretos.

Además de la edil socialista y su asesor, están procesados el presidente del tribunal de la oposición, Ricardo F. V., y la propia beneficiaria, que reconoció los hechos y tiró de la manta.

Marca PSOE: obstáculos en la investigación

Durante la instrucción, el juez denunció trabas del propio Ayuntamiento: solicitó varias veces el expediente completo de la oposición y faltaban los exámenes y su corrección.

Ahora, Fiscalía y acusaciones tienen 10 días para pedir la apertura de juicio oral.

Clientelismo en el foco

El caso pone de relieve uno de los viejos fantasmas de la política municipal española: el clientelismo. En este caso, un empleo público usado como moneda de cambio electoral, que pudo influir en un resultado decisivo en una localidad de 31.000 habitantes.

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