Cinco meses después del gran apagón que dejó a millones de hogares sin luz, las eléctricas lanzan una advertencia contundente: la red de distribución en España está al límite. Según datos presentados a la CNMC, el 83,4% de la infraestructura está saturada, lo que bloquea miles de proyectos industriales y energéticos.
Inversiones multimillonarias paralizadas
El año pasado se rechazaron casi la mitad de las solicitudes de conexión a la red. Esto ha supuesto frenar hasta 60.000 millones de euros en inversión potencial, especialmente en sectores estratégicos como los centros de datos y la gran industria.
La patronal AELEC insiste en que España corre el riesgo de quedarse atrás frente a otros países europeos, que están duplicando o triplicando su inversión en infraestructuras eléctricas para ganar competitividad.
“Nos estamos quedando en el vagón de atrás”
María Castro, directora de Regulación de las compañías eléctricas, lo resume con un mensaje claro:
“Europa está triplicando las inversiones y nosotros no podemos quedarnos en el vagón de atrás. Electrificar la demanda es clave para crecer y competir en la UE”.
Las empresas reclaman un modelo retributivo atractivo y seguro, que incentive la inversión privada y garantice la recuperación del capital. También piden una planificación más ágil y flexible que evite cuellos de botella.
El papel del Gobierno
Desde el Ministerio de Transición Ecológica recuerdan que en los últimos años se han aprobado accesos a la red por el doble de la demanda nacional: 43 GW de nueva capacidad, “equivalentes a otra España entera”.
Sin embargo, las eléctricas denuncian que esa capacidad no es suficiente ni está bien distribuida para absorber la avalancha de proyectos que buscan conectarse.
Un cuello de botella que afecta a todos
La falta de capacidad no solo compromete a la gran industria: también retrasa proyectos de energías renovables, impide nuevos desarrollos tecnológicos y genera incertidumbre en la economía.
En paralelo, la crisis energética vuelve a estar sobre la mesa tras episodios como el apagón en La Palma o la polémica gestión del agua en embalses que, según denuncian, agrava la vulnerabilidad del sistema (España arde mientras el Gobierno vacía embalses ).
¿Qué está en juego?
- Miles de empleos ligados a la industria digital y energética.
- La competitividad de España frente a la UE.
- El cumplimiento de los objetivos climáticos y de transición ecológica.
- La estabilidad de precios para empresas y consumidores.
¿Qué hará el gobierno?
El apagón de hace cinco meses fue una señal de alarma. Hoy, con la red saturada en más del 80%, España afronta una decisión estratégica: invertir masivamente en su infraestructura eléctrica o resignarse a perder oportunidades históricas.
La pregunta es clara: ¿apostará el Gobierno por modernizar la red antes de que sea demasiado tarde?
