El Centro de Primera Acogida de Batán, en plena Casa de Campo de Madrid, vuelve a estar bajo la lupa. Un ex vigilante de seguridad ha presentado una denuncia que apunta directamente al director del centro, al que acusa de agresiones a menores, compraventa de drogas y permitir fugas constantes de los jóvenes tutelados.
Acusaciones graves contra la dirección
El denunciante asegura que el director —un hombre de origen magrebí con experiencia en el cargo— llegó a agredir físicamente a varios menores. En al menos cinco ocasiones, los propios vigilantes tuvieron que intervenir para frenar la violencia.
Uno de los episodios más llamativos ocurrió el pasado mes de mayo, cuando, según el testimonio, golpeó y amenazó a un joven por saltarse el código de vestimenta.
Drogas y delincuencia a plena vista
La denuncia también destapa que la dirección conocía y permitía las fugas de menores, sabiendo que durante ellas participaban en robos y consumo de drogas.
El Camino del Robledal, a pocos metros del centro, sería uno de los puntos habituales donde los chicos consumían estupefacientes e intimidaban a los viandantes. Incluso antiguos residentes facilitaban alcohol y drogas frente a responsables del centro, sin consecuencias.
Este nuevo escándalo se suma a la polémica nacional por la gestión de estos centros, después de que el Gobierno de Sánchez confirmara que seguirá ocultando el destino de los menas trasladados de Canarias a la península , lo que ha desatado fuertes críticas de varias comunidades.
Silencio impuesto a trabajadores y mediadores
El ex vigilante asegura que tanto la dirección como la Fundación Diagrama, responsable del centro, obligaban a guardar silencio. Los mediadores, además, habrían llegado a torpedear procesos judiciales contradiciendo las versiones de la seguridad.
Según el relato, se prohibía avisar a la Policía, castigando a quienes rompieran esta norma. Mientras tanto, la Fiscalía habría recibido pruebas sin que hasta ahora hayan tenido consecuencias.
Seguridad precaria y miedo entre educadores
La falta de medios es otro de los puntos clave: botiquines insuficientes, ausencia de chalecos anticorte, escudos y emisoras defectuosas. Los educadores, por miedo a represalias, apenas se atreven a denunciar públicamente la situación.
Todo esto se enmarca en un contexto donde España ya acoge a 19.000 menas, siendo el 94% varones y el 60% de Marruecos , lo que evidencia la magnitud del reto para las administraciones autonómicas.
Consecuencias políticas y sociales
Aunque la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid asegura no tener constancia oficial de la denuncia, la Asociación Mayores y Familia ya ha solicitado una reunión para abordar “los problemas y la recuperación” del centro.
La situación en Batán no es un caso aislado. Hace solo unos meses, Castilla-La Mancha recurrió al Constitucional el reparto de menas impuesto por el Gobierno central, una muestra más de cómo este conflicto trasciende lo local y se convierte en un pulso político nacional.
