La okupación en España se ha convertido en un problema fuera de control. Según los últimos datos de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, entre enero y agosto de 2025 atendieron 3.019 nuevos casos, de los cuales 560 fueron okupaciones puras (18,55%) y 2.459 inquiokupaciones (81,45%). La alarma social no deja de crecer, pero lo más grave es que el 57% de las víctimas ya ni siquiera denuncia.
El miedo y la desconfianza en la Justicia disparan las soluciones extrajudiciales
De esos 3.019 casos, 1.749 personas acudieron a la plataforma sin presentar denuncia previa, y de ellas, 1.003 (57,34%) admitieron buscar una salida extrajudicial para recuperar su vivienda, evitando así los largos procesos judiciales que pueden durar años.
Este fenómeno marca un cambio de tendencia brutal: en 2023 solo el 18,8% optaba por no denunciar, en 2024 subió al 22,81% y en lo que va de 2025 ya roza el 60%.
La propia plataforma lo resume de forma contundente: “La inacción del Gobierno está creando una verdadera alarma social y un descrédito en el sistema judicial de los afectados por la ocupación”.
El Gobierno, de brazos cruzados
Mientras el número de víctimas crece, el Ejecutivo de Sánchez sigue prorrogando el decreto antidesahucios, que en la práctica ha alimentado la inquiokupación, blindando a inquilinos morosos que dejan de pagar y se parapetan en la ley.
No hay rastro de una Ley Antiokupas, como reclaman PP y Junts, y tampoco parece que haya voluntad política de abordar un asunto que se ha convertido en un negocio para mafias de la okupación y en una pesadilla para miles de familias españolas.
Ya lo advertimos en La Bandera con casos similares: desde el incendio en un edificio okupa en La Coruña hasta la oleada de delincuencia ligada a inmigración ilegal y menas, que agravan la percepción de inseguridad ciudadana.
Datos que explican la desconfianza
- 3.019 nuevos casos atendidos en 2025 (ene–ago).
- 81,45% inquiokupación: inquilinos que dejan de pagar y se amparan en el decreto antidesahucios.
- 57,93% víctimas sin denuncia previa.
- 57,34% de esas víctimas buscan fórmulas extrajudiciales.
- Crecimiento x3 en dos años de quienes prefieren no acudir a la Justicia.
Una España sin protección al propietario
La situación es tan grave que barrios enteros están empezando a organizarse por su cuenta para proteger sus viviendas. Ya lo vimos en Galicia con A Zapateira y su método antiokupas, un ejemplo de que, cuando el Estado falla, los ciudadanos toman las riendas.
Además, han proliferado empresas privadas de desokupación, que operan al límite de la legalidad pero que se han convertido en la única esperanza real para muchos afectados.
Lo que viene
La Plataforma de Afectados por la Ocupación ya ha lanzado una recogida de firmas en Change.org para exigir la aprobación de una ley clara y contundente. Su objetivo: 100.000 firmas en octubre para llevarlas al Congreso.
Mientras tanto, la tendencia es clara: cada vez más españoles optan por no denunciar, convencidos de que la Justicia no protege su derecho a la propiedad.
