Plataformas ciudadanas denuncian que en un conflictivo centro financiado con dinero público conviven adultos y menores tutelados
La directora de la ONG Quorum Social 77, Delia García, ha reconocido en un audio difundido por el analista @CanarioToday, del que se hizo eco La Gaceta, que en los centros gestionados por su organización se han acogido a inmigrantes adultos que fueron presentados como menores extranjeros no acompañados (menas).
En la grabación del analista, García admite que algunos jóvenes declarados oficialmente como menores de 15 años resultaron ser en realidad mayores de 19. Incluso reconoce que determinados internos llegaron con antecedentes penales desde sus países de origen, pese a que se les derivó al sistema de protección de la infancia.
Adultos con antecedentes entre menores
Las declaraciones que cita el analista, realizadas en relación con un centro en Canarias, cuestionan a la credibilidad de la entidad, que desde 2023 ha recibido más de 150 millones de euros en subvenciones públicas, indica el citado medio.
El centro al que hace referencia figura en diversas investigaciones como destino de los perfiles “más conflictivos” de la red de acogida. Según la citada grabación, la directora recibía inspecciones frecuentes de la Fiscalía, de Amnistía Internacional y de técnicos de la Dirección General, lo que demuestra que las autoridades eran conscientes de la delicadeza de los casos.
Riesgo para menores y gestión cuestionada
Las palabras de García parecen confirmar lo que varias plataformas ciudadanas venían denunciando: que adultos en situación irregular convivirían con menores tutelados en instalaciones financiadas con dinero público. Una práctica que no solo cuestiona la transparencia en la gestión de los fondos, sino que también podría poner en riesgo la seguridad y bienestar de los menores acogidos.
La polémica se suma a las críticas previas hacia Quorum Social 77, entre ellas por destinar parte de las subvenciones a actividades de ocio como paintball o karting para jóvenes ilegales. Todo ello en un contexto de alarma social creciente en Canarias, donde la saturación de recursos y la falta de control en la tutela de menores migrantes es motivo de preocupación ciudadana y política.
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