La situación de la atención a menores extranjeros no acompañados (menas) en Mallorca se ha convertido en una auténtica bomba de relojería. El Consell de Mallorca confirma que ya son más de 480 los menores acogidos, lo que supone multiplicar por diez la capacidad real de sus centros. A ello se suma un gasto que amenaza con asfixiar las cuentas públicas: 7.250 euros al mes por cada mena, es decir, 241 euros al día por persona.
Una factura imposible de asumir
En esa cifra están incluidos alojamiento, manutención, educadores, orientadores, cuidadores, material y actividades. Un coste que, según fuentes del propio Consell, es “inasumible” para la institución insular, que denuncia la falta de apoyo del Gobierno central.
Desde la institución se acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de lavarse las manos ante el problema y de no aportar ni inmuebles ni recursos económicos para paliar la situación. “Nos llaman insolidarios, pero lo insolidario es mirar hacia otro lado”, señalan.
Centros colapsados y sin personal suficiente
El colapso es total. No hay suficientes educadores ni espacios para atender a los menores. El IMAS tuvo que crear en julio una Unidad de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes inmigrantes no acompañados, integrada por seis profesionales para reforzar la labor de las entidades colaboradoras.
Sin embargo, la presión sigue en aumento y los recursos se agotan. La falta de instalaciones ha llevado a que incluso el Obispado de Mallorca ceda un inmueble que está siendo acondicionado para su uso inmediato como centro de acogida.
El Gobierno de Sánchez, en el punto de mira
La indignación aumenta porque, pese al crecimiento del fenómeno, el Gobierno central no ha cedido ni un solo edificio de titularidad estatal para dar respuesta a esta emergencia. La situación recuerda a lo ocurrido en otras comunidades, donde el Ejecutivo también ha optado por la opacidad, como refleja el caso de los traslados desde Canarias (leer aquí).
Un problema que afecta a toda España
Mallorca no es un caso aislado. El número de menas en España sigue creciendo sin freno: ya son más de 19.000 menores, de los cuales el 94% son varones y el 60% proceden de Marruecos, según datos oficiales (ver datos completos).
Ante esta realidad, comunidades como Castilla-La Mancha han llevado incluso el tema al Constitucional, recurriendo el reparto estatal de menores inmigrantes (consulta aquí el recurso de Page).
Mallorca, al límite
El Consell de Mallorca insiste en que está cumpliendo con la ley y con la obligación de atender a estos menores, pero advierte de que el colapso económico y logístico es insostenible. Mientras tanto, el flujo de llegadas no cesa y las tensiones políticas entre instituciones autonómicas y el Gobierno central se disparan.
La factura de 7.250 euros al mes por mena no solo refleja un coste económico. Es, en palabras de responsables insulares, “el precio de la dejadez del Estado con Baleares”.
