La decisión del Gobierno de Sánchez afecta directamente a la seguridad de los militares desplegados en misiones internacionales
La reciente orden del presidente Pedro Sánchez de suspender la exportación de material militar a Israel ha generado un profundo malestar en el seno de las Fuerzas Armadas españolas. Uno de los contratos más sensibles anulados implica el suministro de inhibidores de frecuencia israelíes, tecnología crítica para proteger a las tropas en misiones internacionales como Irak, Líbano o Somalia.
Estos sistemas, instalados en vehículos blindados, están diseñados para bloquear la activación remota de artefactos explosivos improvisados (IED) y drones armados. Su funcionamiento es clave para evitar atentados contra convoyes militares. Con el embargo en vigor, tanto el mantenimiento como el suministro de repuestos de estos dispositivos queda en suspenso, según adelantó The Objective.
Más de 20 contratos militares cancelados con empresas de defensa israelíes
El veto no se limita a un solo contrato. El Ejecutivo ha paralizado en total más de una veintena de acuerdos relacionados con tecnología militar israelí, incluyendo componentes electrónicos, morteros y munición de precisión. Entre las empresas afectadas se encuentran Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems y Netline Communications Technologies, todas ellas ampliamente integradas en el equipamiento militar español.
Netline y el sistema C-Guard RJ: un caso especialmente crítico
La situación es especialmente delicada en el caso de Netline Communications, proveedor del sistema de inhibición de señales C-Guard RJ. Este dispositivo, instalado en cientos de blindados españoles, protege a los vehículos frente a amenazas por radiofrecuencia. Fue adquirido en 2024 mediante un procedimiento negociado sin publicidad, donde el Ministerio de Defensa destacó que solo Netline, junto con su socio español Aicox, contaba con la capacidad técnica necesaria para cumplir esta función.
Los C-Guard RJ operan en un amplio rango de frecuencias —de 20 MHz a 8 GHz— y ofrecen tanto inhibición activa como reactiva. Esta tecnología había sido validada por su uso prolongado por las Fuerzas de Defensa de Israel y considerada una de las más fiables del mercado.
Las Fuerzas Armadas, en alerta por la falta de repuestos
La interrupción del suministro genera un problema logístico crítico. Fuentes militares advierten que estos equipos sufren un alto desgaste debido a las condiciones extremas en las que operan: calor intenso, terrenos difíciles y uso continuo. Esto hace indispensable una reposición constante de componentes.
«Romper relaciones con Israel implica romper la cadena de suministro», indican fuentes del Ejército, que reconocen que buscarán alternativas internacionales, aunque admiten que el sistema fue diseñado para funcionar únicamente con repuestos originales.
Una fecha simbólica y una polémica latente
La publicación del Real Decreto de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y en apoyo a la población palestina, el pasado 24 de septiembre, coincidió con el 18º aniversario de la muerte del soldado español Ángelo Mera en Afganistán, víctima de una mina activada por control remoto. Aquel atentado, junto con otro en Líbano meses antes que costó la vida a seis militares, llevó a reforzar la protección de las tropas mediante vehículos blindados de última generación e inhibidores de frecuencia.
La historia parece repetirse. Hoy, la retirada de esa protección reabre un debate que parecía superado: ¿están los soldados españoles lo suficientemente protegidos?
Precedentes del embargo: impacto en la Guardia Civil
No es la primera vez que el embargo a Israel impacta en contrataciones sensibles. Meses atrás, el Ministerio del Interior canceló la adquisición de 15 millones de cartuchos para la Guardia Civil al comprobar que el proveedor era de origen israelí. Paradójicamente, esas balas habían sido las únicas compatibles al 100% con las pistolas reglamentarias del cuerpo, también israelíes. La anulación del contrato obligó a la institución a implementar un plan de ahorro de munición para garantizar un stock mínimo operativo.
