La iniciativa socialista planteaba que si no existiese acusación del Ministerio Fiscal se tuviesen que archivar las causas
La propuesta legislativa del PSOE, oficialmente denominada «Ley de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso judicial», sigue sin avanzar en el Congreso de los Diputados. Popularmente conocida como la «Ley Begoña», esta norma buscaba limitar el papel de la acusación popular en los procesos penales, lo que habría supuesto un escudo legal para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
¿Qué plantea la llamada «Ley Begoña»?
El proyecto impulsado por el PSOE propone una profunda reforma de la acción popular, figura legal que permite a ciudadanos, asociaciones o entidades presentar acusaciones penales sin necesidad de que intervenga el Ministerio Fiscal o un afectado directo.
Con esta ley, partidos políticos, fundaciones, sindicatos o incluso asociaciones de juristas quedarían excluidos de ejercer esta figura, salvo que demuestren un vínculo directo y legítimo con el interés público. Esta valoración quedaría en manos del juez instructor, lo que reduce considerablemente el margen de actuación de muchas causas actuales.
Objetivo declarado: limitar abusos de la acusación popular
Según la exposición de motivos, el texto busca frenar el «uso abusivo» de la acusación popular por parte de colectivos que, supuestamente, no persiguen la verdad judicial sino el acoso político o mediático. El PSOE sostiene que se están utilizando los tribunales para desgastar a rivales ideológicos, mediante procesos que vulneran derechos fundamentales como el honor o la tutela judicial efectiva.
Para evitar estos supuestos abusos, la norma plantea que, en caso de no haber acusación del Ministerio Fiscal ni de parte particular, el procedimiento judicial deberá cerrarse automáticamente, salvo que el juez determine que existe un claro interés público y pruebas razonables de delito.
Reducción del papel de la acusación popular en la fase de instrucción
Uno de los cambios más significativos de la propuesta es que la acusación popular quedaría fuera de la fase de instrucción. No podría solicitar diligencias, asistir a interrogatorios ni intervenir en las pruebas preliminares. Su participación solo se permitiría al finalizar la investigación, si el juez decide que los hechos deben juzgarse.
Polémica exclusión de partidos y sindicatos
El texto también excluye de manera explícita a partidos políticos, sindicatos y fundaciones afines de ejercer la acusación popular. Esta medida busca, según sus impulsores, evitar la instrumentalización política de los procesos judiciales, aunque en la práctica supondría dejar sin sustento muchas de las causas que hoy se apoyan en estas figuras.
¿Cómo habría afectado esta ley al caso de Begoña Gómez?
De haberse aprobado a tiempo y con carácter retroactivo —como contempla el texto— la «Ley Begoña» habría cerrado la investigación contra Begoña Gómez, ya que ni la Fiscalía ha presentado acusación ni existe parte perjudicada. El juez que lleva el caso, Juan Carlos Peinado, no habría podido continuar con el procedimiento sin el respaldo del Ministerio Público.
Este hecho ha generado sospechas entre la oposición y algunos sectores jurídicos, que ven en la propuesta un intento de blindaje legal para la esposa del presidente.
Más allá de la acusación popular: límites a jueces y magistrados
Además de restringir la acción popular, el texto introduce un apartado que prohíbe a jueces y magistrados hacer declaraciones públicas sobre decisiones o actuaciones de gobiernos, partidos políticos o sindicatos. Una cláusula alineada con el discurso del Gobierno sobre el lawfare —o guerra judicial—, concepto utilizado por Pedro Sánchez para denunciar supuestas campañas de persecución judicial contra su entorno.
