La reciente expulsión de Eman Akram, una joven de 17 años de origen pakistaní, del Instituto público Práxedes Mateo Sagasta en Logroño, por negarse a quitarse el hiyab en clase, ha vuelto a encender el debate sobre el uso de símbolos religiosos en la escuela pública. Eman, que se había trasladado a este centro para cursar el Bachillerato Internacional, se enfrentó a la negativa del centro educativo a permitirle asistir con el velo islámico, símbolo de su fe y su identidad cultural.
Según ha denunciado la propia estudiante, la normativa del instituto no prohíbe expresamente el uso del hiyab, sino que se refiere a «gorras, capuchas o boinas», por lo que considera que se trata de una interpretación arbitraria que vulnera su derecho fundamental a la libertad religiosa, recogido en el artículo 16 de la Constitución Española.
Change.org ha aprovechado la situación para iniciar una campaña de recogida de firmas, más de 8.000 personas han firmado una petición en línea para exigir al instituto que permita a Eman asistir con el velo. Además, estudiantes y asociaciones se han manifestado frente al centro educativo para mostrar su apoyo. La joven denuncia que esta decisión limita su acceso a la educación pública y a un programa académico que solo se ofrece en ese instituto. «Me están obligando a elegir entre mi educación y mi identidad», declaró a los medios.
El caso ha alcanzado también al ámbito político. El consejero de Educación de La Rioja, Alberto Galiana (PP), defendió la «democracia interna» de los centros para establecer sus normas, pese a que no haya una ley autonómica que regule específicamente el uso de símbolos religiosos en el aula.
Población musulmana
En La Rioja, donde el 7,6% de la población es musulmana, la decisión de prohibir el hiyab del IES Sagasta de Logroño supone un precedente polémico. Aunque existen otros centros que han aplicado restricciones similares, este es el primer caso documentado en la capital riojana.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles y religiosos han calificado la medida como discriminatoria y han exigido una revisión urgente de los reglamentos escolares para garantizar que la diversidad cultural y religiosa no sea excluida del sistema educativo.
El lunes, Eman regresará al instituto, probablemente obligada a quitarse el velo para poder continuar con sus estudios. Sin embargo, ha advertido que no abandonará su lucha. «No puedo enfrentarme todos los días a mis profesores durante dos años. Pero tampoco quiero renunciar a mi fe», afirma. Pero en ningún momento, Eman, se ha planteado acudir a un centro privado de enseñanza.
Este caso se suma a otros similares ocurridos en España, como el de Najwa Malha en 2010, reavivando el debate sobre la neutralidad del espacio escolar frente a la pluralidad cultural y religiosa que caracteriza a la sociedad española actual.
