El pleno municipal de Elche vivió este lunes un debate cargado de tensión política y acusaciones cruzadas. El tema: la acogida de menores migrantes no acompañados, conocidos como menas. El Partido Popular y Vox se reafirmaron en su negativa a aceptar su llegada, pese a las críticas de la oposición y de colectivos sociales que reclaman una postura más humanitaria.
El debate en el pleno: acusaciones y reproches
La sesión arrancó con la petición del PSOE para que el alcalde, Pablo Ruz (PP), explicara públicamente su postura. El edil socialista Mariano Valera recordó declaraciones del propio regidor en medios nacionales como “no son almas desvalidas” o “llévelos usted a su casa”. Para Valera, esas palabras no solo deshumanizan, sino que sitúan a Elche “en el mapa del odio”.
Ruz defendió su postura apelando a una inmigración “regular, ordenada y democrática”, alegando que Elche no cuenta con infraestructuras ni voluntad política para acoger a estos menores. “Todos son bienvenidos con un contrato de trabajo. Están en el campo, en hogares, ayudándonos a avanzar. Pero no podemos improvisar recursos”, señaló el alcalde.
Vox presiona y endurece el discurso
Desde Vox, el concejal Samuel Ruiz fue más allá al afirmar que “lo que viene no son menores, son varones en edad militar”. Pidió pruebas médicas para determinar la edad real de los migrantes y acusó a la oposición de disfrazar la realidad. “Rozan la mayoría de edad y nos engañan”, aseguró, aplaudiendo al PP por alinearse con sus postulados.
Además, Vox reclamó eliminar las ayudas a asociaciones que presten servicios a estos jóvenes, acusándolas de ser parte del “efecto llamada”. Una postura que no es nueva, ya que Vox ha mostrado en numerosas ocasiones su oposición frontal a este modelo de acogida, en sintonía con lo que ocurre a nivel nacional.
La oposición apela a la misericordia
Esther Díez, portavoz de Compromís, criticó con dureza a Ruz y Vox, recordando que los menores migrantes “se han jugado la vida en el Mediterráneo” y que negarles la acogida supone deshumanizarlos. “Da igual que tengan 10 o 17 años, son niños que necesitan protección”, afirmó.
La edil puso números sobre la mesa: de los 571 migrantes que corresponderían a la Comunitat Valenciana en el reparto estatal, a Elche apenas le tocarían una veintena. “Con un presupuesto municipal de más de 200 millones, no hay excusas”, recalcó. Además, comparó la negativa del bipartito con la acogida de más de 500 refugiados ucranianos en la ciudad desde 2022: “La única diferencia es el color de piel”.
Compromís y el PSOE también apelaron a principios cristianos, recordando al alcalde sus actos públicos en defensa de Cristo Rey y acusándolo de “guardar el Evangelio en un cajón” cuando se trata de migrantes.
Una polémica con eco nacional
La negativa de PP y Vox en Elche no es un caso aislado. Se enmarca en un debate nacional sobre el reparto de menas desde Canarias a la península. El Gobierno de Sánchez ya ha sido señalado por la falta de transparencia, después de que reconociera que seguirá ocultando el destino de los menas trasladados.
En paralelo, Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, recurrió al Constitucional el decreto de reparto. La polémica sobre cómo gestionar la llegada de estos jóvenes divide incluso dentro del propio PSOE.
Por otro lado, la magnitud del fenómeno migratorio no deja lugar a dudas: España ya acoge a 19.000 menas, el 94% varones y el 60% de origen marroquí. Cifras que Vox utiliza como argumento para reforzar su discurso de alarma, mientras otros partidos reclaman solidaridad y recursos compartidos entre comunidades.
¿Qué está en juego para Elche?
Elche, una de las ciudades más pobladas de la Comunidad Valenciana, se enfrenta a un dilema que trasciende lo local. La decisión de su pleno marca una posición política alineada con las corrientes más duras frente a la inmigración, pero también abre un debate sobre la imagen que proyecta la ciudad.
La negativa a acoger menores migrantes no acompañados plantea preguntas sobre qué modelo de sociedad quiere construir Elche: uno basado en el cierre de puertas y el rechazo, o uno que apueste por la integración y la solidaridad, como defienden entidades sociales y religiosas.
Por ahora, PP y Vox han sellado un bloque político firme en contra de la acogida, un frente que les une más allá de sus diferencias y que, sin duda, seguirá generando debate en los próximos meses.
