El hijo del alcalde de Pamplona, Mikel Asiron, denunció a finales de agosto haber sido agredido por un menor extranjero de origen ecuatoriano tutelado por el Gobierno de Navarra. El incidente tuvo lugar frente al portal de un piso de acogida en el barrio de Mendebaldea, donde Asiron trabajaba como psicólogo.
Según la denuncia, el joven golpeó al hijo del alcalde, causándole lesiones, y dañó además su motocicleta.
Un psicólogo en pisos tutelados
Mikel Asiron, graduado en Psicología por la Universidad Pública de Navarra y con un máster en Psicología General Sanitaria, trabaja en la Asociación Educativa Berriztu, entidad responsable de la gestión del piso donde residía el menor agresor.
Esta asociación vasca, con delegación en Berriozar, está especializada en programas de justicia juvenil y recibe contratos públicos para gestionar plazas de internamiento y medio abierto de menores infractores.
Un contrato de 45 millones con el Gobierno de Navarra
El Gobierno de Navarra adjudicó en diciembre de 2019 a Berriztu un contrato de 14,3 millones de euros para gestionar 73 plazas de menores, que fue prorrogado hasta los 9 años y casi 45 millones de euros. La adjudicación, dependiente de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas, se hizo sin detallar públicamente las valoraciones de las ofertas presentadas.
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VOX denuncia un “negocio de los menas”
Tras conocerse el caso, VOX Navarra ha exigido en el Parlamento regional todos los expedientes y contratos de acogimiento residencial firmados desde 2019 con asociaciones, fundaciones y ONG, entre ellas Berriztu.
El partido denuncia que el Gobierno de María Chivite ha convertido la tutela de inmigrantes en un “comercio de personas del siglo XXI”. “Hay muchas personas lucrándose con este negocio, familiares incluidos, y vamos a destapar el tinglado que han montado a costa de los impuestos de los navarros”, afirman.
Un escándalo político en ciernes
El caso combina una agresión con trasfondo personal —al tratarse del hijo del alcalde de Bildu en Pamplona, Joseba Asiron— con una creciente polémica sobre la opacidad en la gestión de los contratos millonarios de menores tutelados, en un momento en que la gestión migratoria sigue siendo uno de los asuntos más tensos en Navarra y en el resto de España.
