La izquierda fuerza una medida que criminalizó cuando tenía el poder en plena disputa por la financiación de subsidios médicos
Tormenta política por la sanidad para ilegales. En una nueva exhibición de hipocresía de la izquierda estadounidense, una medida que criminalizaba cuando detentó el poder el autpopen de Biden, el cierre del Gobierno de EE. UU., es un hecho desde las 00:00 horas de este miércoles.
La fecha límite del 30 de septiembre pasó sin consenso presupuestario, lo que provocó el primer cierre desde enero de 2019, también bajo la presidencia de Trump. Estados Unidos entra oficialmente en su decimoquinto cierre de Gobierno tras fracasar los intentos del Congreso de aprobar a tiempo la ley de asignaciones presupuestarias que eliminaba la ampliación de subsidios médicos y cobertura sanitaria para ilegales.
Según Politico, tanto Trump como el senador JD Vance se mostraron dispuestos a discutir los subsidios médicos en el futuro, pero solo una vez que el Gobierno de EE. UU. reabra. En 2024, esos subsidios representaron un gasto fiscal estimado de 125.000 millones de dólares, según el Comité de Presupuesto de la Cámara.
El cierre federal implica que agencias y servicios no esenciales dejarán de funcionar hasta que el Congreso alcance un acuerdo. Los parques nacionales, agencias reguladoras como la EPA y oficinas administrativas suspenderán actividades, mientras que los trabajadores federales afectados verán congelados sus sueldos hasta que se reanude el presupuesto.
Por el contrario, funciones consideradas esenciales, como seguridad nacional, control aéreo, personal militar y servicios médicos de urgencia, continuarán operativas, aunque sus empleados deberán trabajar sin cobrar hasta que se aprueben nuevas asignaciones.
Izquierdistas ‘anteponen las necesidades de los inmigrantes ilegales a las de todos los estadounidenses’
La última propuesta republicana, que buscaba extender los niveles de gasto existentes mientras continuaban las negociaciones, fue aprobada en la Cámara de Representantes pero se estrelló en el Senado, donde se quedó a cinco votos de los 60 necesarios.
Aunque tres senadores demócratas, como John Fetterman, apoyaron el texto priorizando el interés de su país al particular de su partido, la mayoría de su bancada votó en contra.
Desde la Administración Trump, el desenlace se describió como un “cierre demócrata”. En la red social X, la Casa Blanca afirmó: “Esta noche, los demócratas anteponen las necesidades de los inmigrantes ilegales a las de todos los estadounidenses”.
El rechazo demócrata estuvo marcado por un punto de fricción: la inclusión de un paquete que eliminaba la ampliación de subsidios médicos y cobertura sanitaria para inmigrantes ilegales, una medida que su partido considera irrenunciable. La versión demócrata del plan, que sí contemplaba esa financiación adicional, fue previamente rechazada con 53 votos en contra por contener, según los republicanos, un gasto excesivo.
Un enfrentamiento político por la sanidad para ilegales
El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, acusó a los demócratas de actuar por intereses partidistas a cuenta de la sanidad para ilegales y de “sacrificar al pueblo estadounidense” para contentar a los sectores más a la izquierda de su partido.
El discurso fue reforzado por la propia Casa Blanca, que transmitió en directo un recopilatorio de declaraciones pasadas de senadores demócratas —como Chuck Schumer, Cory Booker o Elizabeth Warren— criticando los cierres de Gobierno, en un intento de evidenciar su contradicción.
Sanidad para ilegales: el problema recurrente en la política estadounidense
Según explica Voz Media, el cierre del Gobierno de EE. UU. es una figura relativamente reciente en la historia de Estados Unidos: el primero se produjo en 1980 bajo Jimmy Carter y apenas duró un día. Desde entonces se han sucedido 15 episodios, con especial recuerdo del de 2018-2019, que se prolongó durante 35 días, el más largo hasta la fecha.
El nuevo cierre, que comienza en un contexto de polarización política extrema, añade incertidumbre a la economía estadounidense y genera preocupación en millones de trabajadores y ciudadanos que dependen de los servicios federales, algo que no preocupa a izquierdistas que se autoperciben como representantes de los obreros y los humildes.
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