La sombra de la opacidad vuelve a instalarse sobre el Palacio de La Moncloa. La Secretaría General de la Presidencia ha admitido que se hizo cargo de la manutención de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente Pedro Sánchez, durante el tiempo que residió en la residencia oficial. Sin embargo, el Gobierno se niega a dar cifras ni a ofrecer un desglose de los gastos, escudándose en que se trata de “vida privada”.
La petición de transparencia y la respuesta oficial
El asunto salió a la luz tras varias solicitudes a través del Portal de Transparencia. En ellas se pedía conocer al detalle los gastos generados por la estancia de David Sánchez y su esposa, Kaori Matsumoto, en Moncloa: comidas, lavandería, limpieza, ropa de cama, productos de aseo, traslados internos o cualquier otro coste asociado.
Presidencia respondió que no existe ningún contrato ni factura a nombre de los citados, alegando que la residencia oficial se considera “un domicilio familiar” en el que no se registra a las visitas privadas. En otras palabras, los contribuyentes pagaron, pero no hay rastro documental de cuánto.
La autocaravana del hermano del presidente
El caso va más allá de la manutención. El Debate reveló que una autocaravana propiedad de David Sánchez permaneció durante dos años estacionada en las instalaciones de Moncloa, en plazas de aparcamiento reservadas habitualmente a funcionarios y personal laboral.
El Ejecutivo reconoció la presencia del vehículo, pero de nuevo se negó a precisar detalles como la fecha de entrada y salida, consumo eléctrico o posibles conexiones a agua y combustible. Según la respuesta oficial, el recinto puede acoger almacenaje o aparcamiento “sin necesidad de autorización institucional”.
La cuestión clave es si utilizó recursos públicos adicionales, pero el Gobierno vuelve a refugiarse en que no existe “documento alguno” que lo acredite.
Servicios sanitarios y uso de recursos públicos
Otro aspecto polémico tiene que ver con la atención médica recibida por Kaori Matsumoto, la cuñada del presidente. Se solicitó información sobre el uso de ambulancias o vehículos sanitarios camuflados adscritos a Moncloa.
Presidencia aseguró no tener constancia de esos hechos, aunque diversas informaciones señalan que la mujer del hermano de Sánchez utilizó este servicio para acudir al ginecólogo en al menos dos ocasiones. Una vez más, el Gobierno evita dar explicaciones pese a que la solicitud contemplaba la opción de disociar datos sensibles para proteger la intimidad.
La estrategia del silencio
El patrón se repite: el Ejecutivo admite hechos de forma implícita pero rechaza ofrecer cifras o detalles concretos. La excusa siempre es la misma: “no existe documento o contenido que se corresponda con la información solicitada”.
Una estrategia que recuerda a otros episodios recientes en los que se ha acusado al Gobierno de blindarse frente a las críticas. No en vano, ya se denunció que mantiene en su puesto al fiscal general García Ortiz precisamente para garantizar el blindaje de la impunidad de Sánchez en casos sensibles.
Antecedentes judiciales en torno al hermano
Este no es el primer capítulo controvertido alrededor de la familia presidencial. En junio, organizaciones como Hazte Oír ya llevaron a los tribunales intentos de sabotear la causa del hermano de Sánchez, lo que demuestra que la polémica no se limita a cuestiones domésticas, sino que tiene ramificaciones legales y políticas de calado.
Cada movimiento en torno al entorno familiar del presidente es observado con lupa y amplificado por la oposición, que ve en estas prácticas un abuso de los recursos del Estado.
Opacidad y desconfianza ciudadana
El rechazo a facilitar datos alimenta la sensación de opacidad en un momento en que la confianza en las instituciones es frágil. Mientras los ciudadanos padecen inflación, precios disparados y un impacto económico directo del Gobierno de Sánchez en la clase media, los privilegios y gastos sin justificar en Moncloa resultan difíciles de digerir para muchos contribuyentes.
La percepción es clara: mientras se pide austeridad, desde el corazón del poder se actúa con un silencio administrativo que erosiona la credibilidad.
¿Qué está en juego?
La polémica sobre los gastos del hermano del presidente no es un simple asunto de convivencia familiar en la residencia oficial. Es un problema político y ético de primer nivel. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan los recursos públicos, especialmente cuando se trata de familiares directos del jefe del Ejecutivo.
El hecho de que no existan facturas ni contratos a nombre de David Sánchez ni de su esposa no significa que no haya habido gasto. Significa, simplemente, que nadie lo ha querido registrar.
Una grieta en la narrativa oficial
Moncloa insiste en que todo se enmarca en la vida privada del presidente. Pero la vida privada, cuando depende del dinero público, deja de ser estrictamente privada. La negativa a dar detalles refuerza la sospecha de que hay algo que ocultar.
La oposición ya ha anunciado que exigirá explicaciones en el Congreso. La cuestión ahora es si este nuevo episodio de oscurantismo será otro desgaste más en la imagen de Pedro Sánchez o si, como en otras ocasiones, la polémica se diluirá en medio del ruido mediático y político.
