En Canarias se ha disparado el negocio de los falsos menas, adultos que se hacen pasar por menores de edad para acceder al sistema de protección de inmigrantes. Este fraude, tolerado por la pasividad del Gobierno de Sánchez, ha generado un coladero que enriquece a las mafias que instruyen a los ilegales y a las ONG que cobran por cada plaza ocupada. Mientras tanto, los servicios sociales canarios advierten de un sistema al borde del colapso.
Cómo funciona el fraude de los falsos menores
El mecanismo es simple y eficaz: basta con llegar indocumentado y declararse menor. De inmediato, el inmigrante queda protegido por la legislación española: no puede ser expulsado, accede a centros de acogida y, al cumplir 18 años, puede pedir residencia legal. Todo bajo la tutela de servicios públicos y con el respaldo económico del Estado.
Las mafias en Marruecos y Argelia instruyen a los ilegales sobre qué decir, qué omitir y cómo comportarse en su llegada a España. Por su parte, las ONG que gestionan los centros reciben subvenciones por cada plaza ocupada. Es decir, cuantas más personas entren en el sistema, más dinero fluye. El resultado: un incentivo perverso que convierte la inmigración ilegal en un negocio institucionalizado.
El colapso de Canarias
Los servicios sociales de Canarias alertan de que el sistema está desbordado. Ya superan los 5.000 acogidos, con decenas de miles de euros de gasto público por cada falso menor. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha exigido al Gobierno que autorice pruebas óseas antes de derivar casos a las comunidades. Con ello se liberarían plazas y se evitaría que adultos convivan con niños en los mismos centros, con los riesgos que ello implica.
Un ejemplo reciente lo demuestra: un supuesto menor llegado a Lanzarote en septiembre iba a ser trasladado a Extremadura. Tras una prueba de edad, se descubrió que tenía 19 años. Su reubicación quedó cancelada, evidenciando la magnitud del fraude.
El silencio de las ONG y la pasividad del Ejecutivo
A pesar de las denuncias públicas, las ONG implicadas en la gestión callan ante las irregularidades. Y lo hacen porque el sistema les resulta rentable: cada plaza, aunque esté ocupada por un adulto, supone ingresos garantizados. El Gobierno de Sánchez, lejos de atajar el problema, lo perpetúa al mantener un sistema que premia el engaño.
No es la primera vez que el Ejecutivo opta por la opacidad. Ya en el pasado decidió ocultar el destino de los menas trasladados de Canarias a la península, negándose a informar a la opinión pública sobre cuántos llegan y dónde son enviados. Un patrón que encaja con la estrategia de silencio que rodea otros casos polémicos relacionados con Moncloa y la familia del presidente.
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Un problema de seguridad y convivencia
El fenómeno de los falsos menas no solo es un agujero económico. También plantea problemas de seguridad y convivencia. Adultos que se hacen pasar por adolescentes terminan compartiendo espacio con menores reales, lo que provoca tensiones y riesgos. Además, cada plaza ocupada por un falso menor impide que se atienda a quienes realmente necesitan protección.
La situación se agrava por la presión migratoria creciente en el Mediterráneo. Según datos recientes, España ya acoge a más de 19.000 menas, siendo el 94% varones y el 60% de origen marroquí. Cifras que muestran que el sistema no solo está saturado, sino que se ha convertido en un imán para quienes ven en el fraude un camino fácil hacia Europa.
Un coladero institucionalizado
El fraude de los falsos menas no es un error puntual. Es un coladero institucionalizado en el que todos ganan menos el ciudadano español: las mafias que se lucran, las ONG que cobran y un Gobierno que mira hacia otro lado mientras las comunidades autónomas se desangran en gastos. Cada día que pasa sin medidas firmes, la brecha entre la narrativa oficial y la realidad en los centros de acogida se hace más grande. Y la factura, como siempre, la pagan los contribuyentes.
