Los últimos informes de la Fiscalía General del Estado han desatado un terremoto político: sólo el 47% de los llamados “menas” resultaron ser realmente menores de edad entre 2021 y 2024. El resto eran adultos o expedientes archivados por abandono de los centros antes de ser evaluados.
Cifras que desmontan la narrativa oficial
Entre 2019 y 2024 llegaron a España por vía marítima 22.390 supuestos menores no acompañados. Pero las cifras reales revelan otra cara:
- 47% eran menores o podían serlo.
- 30% adultos infiltrados en el sistema (7.811 casos).
- 23% de expedientes archivados por fuga antes de pruebas.
En provincias como Almería, Málaga o Canarias, la saturación obligó a aplicar radiografías de muñeca para verificar edades, técnicas avaladas judicialmente en emergencias, aunque criticadas por su imprecisión.
Un perfil que genera dudas
Otro dato llamativo es el desequilibrio de género: entre 2019 y 2024, más del 93% de los llegados fueron varones, con procedencias mayoritarias de Marruecos, Malí y Argelia. Este patrón, según expertos, sugiere que muchos casos no responden a situaciones de vulnerabilidad infantil, sino a redes migratorias organizadas que envían a jóvenes en edad militar.
España ya enfrenta un debate candente sobre la gestión de este colectivo. Actualmente, España ya acoge a 19.000 menas, con un 94% de varones, lo que multiplica la presión sobre los sistemas de acogida.
La pugna política: VOX vs PP y PSOE
Ante los datos, VOX ha redoblado su exigencia de realizar pruebas de edad sistemáticas a todos los migrantes que aleguen ser menores. Sin embargo, tanto PP como PSOE rechazan la medida, argumentando razones humanitarias y legales.
El choque político refleja la tensión creciente sobre el tema migratorio. Mientras el Gobierno de Sánchez mantiene en secreto el destino de los menas trasladados de Canarias, comunidades autónomas como Castilla-La Mancha han recurrido incluso al Constitucional por el polémico reparto de menas.
Fraudes y colapso del sistema
Los informes de la Fiscalía también alertan de nuevas estrategias de fraude:
- Adultos expulsados que regresan alegando minoría de edad.
- Migrantes ilegales que se hacen pasar por menores para obtener asilo rápido.
- Casos detectados en Canarias y Alicante donde se pedía tutela para conseguir pasaportes exprés.
La falta de coordinación entre autonomías, ONG y Fiscalía agrava la situación. Miles de jóvenes desaparecen de los centros antes de que se les realicen pruebas, dejando un vacío legal que, según expertos, pone en riesgo la seguridad y la credibilidad del sistema de acogida.
