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El Gobierno envía a escondidas 66 ilegales a Antequera y exige que los empadronen

El alcalde reclama explicaciones al Ejecutivo, denuncia improvisación y opacidad y advierte de la falta de recursos para su acogida

El Gobierno envió 66 ilegales sin avisar al consistorio, aunque casualmente no gobierna allí el PSOE. El alcalde de Antequera, el popular Manolo Barón, ha denunciado este viernes la “pésima gestión” del Gobierno tras la solicitud colectiva de empadronamiento de 66 inmigrantes en el Hotel Las Pedrizas, presentada el pasado martes por la Asociación Engloba.

“Es incomprensible que no se haya producido ninguna comunicación ni coordinación previa”, reprochó. El regidor asegura que ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Andalucía fueron informados previamente de esta decisión unilateral.

La petición, que llegó acompañada de documentación de la Policía Nacional, confirma —según declaró Barón en La Opinión de Málaga— que el Ejecutivo central tenía conocimiento de la situación.

El alcalde de Antequera pide explicaciones y recursos de apoyo ante la decisión unilateral del Gobierno

El primer edil ha remitido una carta oficial a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, solicitando explicaciones “inmediatas y detalladas” sobre la procedencia de estas personas, las condiciones de acogida y la previsión de su estancia en el municipio.

Barón también reclama información sobre los recursos y apoyos previstos por el Gobierno para garantizar la atención de los ilegales y la adecuada coordinación con el Ayuntamiento. “La solidaridad de Antequera está acreditada, pero debe ir acompañada de una gestión seria y clara, por el bienestar de estas personas”, señaló.

Improvisación, opacidad y capacidad insuficiente en el hotel

El regidor advirtió de que el Hotel Las Pedrizas solo cuenta con 20 habitaciones y 40 plazas, lo que considera incompatible con la llegada de 66 inmigrantes ilegales. Pero además, alertó de la necesidad de garantizar una acogida digna y ordenada.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha exigido al Gobierno “transparencia, planificación y respeto institucional”, subrayando que la acogida “no puede gestionarse de forma unilateral ni improvisada”.

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