El expresidiario lidera un mercado paralelo de allanamientos de casas, cobra 400 euros por abrir pisos y 1.500 por ‘venderlos’ a terceros
Para sorpresa de nadie, ante el abandono del Gobierno a los propietarios de casas, la okupación se ha convertido en Alicante en un negocio organizado donde un criminal magrebí lidera un mercado paralelo inmobiliario a costa de la vivienda ajena.
Pese a los esfuerzos del Ayuntamiento, que abrió una oficina antiokupación para asesorar a los vecinos, en algunos barrios —especialmente en la zona Norte— existe un mercado paralelo que convierte el allanamiento de viviendas vacías en una actividad lucrativa, con tarifas y reglas propias.
El Debate ha descubierto que el epicentro de este negocio ilegal lo controla un hombre magrebí, expresidiario y multirreincidente, que ha hecho de la okupación su modo de vida.
Vecinos y conocidos lo describen como un auténtico “especialista” en abrir pisos vacíos sin dejar rastro. Su tarifa es conocida: 400 euros por forzar una vivienda y 1.500 si, además, localiza y “entrega” el piso listo a terceros interesados.
El método del criminal magrebí y la expansión de su mafia
El procedimiento está perfectamente calculado. El delincuente vigila durante semanas los edificios, identificando viviendas que quedan vacías por fallecimientos, mudanzas o porque son segundas residencias.
Una vez detectadas, ofrece los inmuebles a futuros delincuentes okupas que pagan en efectivo por acceder sin resistencia. El criminal magrebí usa guantes, accede por balcones o ventanas y en cuestión de horas deja el piso “preparado” para que los allanadores se instalen.
Aunque no es el único que se dedica a esta actividad, su eficacia lo ha convertido en un intermediario clave dentro del circuito ilegal. Testimonios de residentes confirman que “hay varios que viven de esto”, pero él es quien más controla el movimiento de viviendas y quien fija los precios en la zona.
Barrios en alerta e incremento de la impunidad
La zona Norte de Alicante, con alta densidad de población extranjera y numerosos conflictos vecinales, concentra buena parte de los casos de okupación. Las consecuencias son visibles: cortes eléctricos, enganches ilegales, peleas y viviendas convertidas en focos de inseguridad.
Muchos vecinos confiesan vivir pendientes de sus propiedades y denuncian que “ya no se trata de gente sin recursos, sino de mafias que se lucran”.
Mientras tanto, el Ayuntamiento defiende su compromiso con los afectados, aunque la sensación general es de impotencia. Los procedimientos judiciales son lentos, los desalojos escasos y la actividad de estos intermediarios refuerza la percepción de impunidad.
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