El instructor informó al letrado que, en caso de ir a juicio con jurado, irán los cuatro presuntos delitos investigados
La multi-imputada esposa presidencial, Begoña Gómez, ha vuelto a evitar su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, enviando en su lugar a Antonio Camacho, su abogado y exministro de Zapatero (cuando el escándalo del chivatazo a ETA en el Bar Faisán).
Se trata de la vista en la que debía ser informada formalmente de que, en caso de que la causa llegue a juicio, será juzgada por un tribunal del jurado por todos los delitos por los que está siendo investigada.
El juez Peinado le comunicó a la defensa que, si el caso avanza, la esposa de Sánchez enfrentará a un jurado popular por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. No solo por la supuesta malversación, como se barajó en un principio.
Sexta citación y misma estrategia huidiza
Es la sexta vez que Begoña Gómez es citada a declarar. En las dos primeras ocasiones se acogió a su derecho a no declarar; en las siguientes optó por responder solo a las preguntas de su defensa. En la quinta citación, el pasado 27 de septiembre, no acudió al juzgado y se limitó a enviar a su letrado para representarla.
Entonces, el magistrado Peinado la convocó para comunicarle que, en la pieza separada relativa a la malversación vinculada a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, el procedimiento sería competencia de un jurado popular.
La defensa se apoyó en una circular de la Fiscalía de 1995, que señala que la presencia del investigado en este tipo de comparecencias “no es indispensable”. TAl argumento usó de nuevo Camacho este lunes, saltándose la advertencia del juez, quien indicó que los imputados debían comparecer “necesariamente asistidos de sus letrados”.
Las acusaciones presionan para ampliar la investigación
En el exterior, manifestantes y medios de comunicación esperaban desde primera hora. Algunos colectivos críticos con el Gobierno aprovecharon la ausencia de Gómez para insistir en la necesidad de transparencia en un caso que, según el propio juez Peinado, “no puede desligarse de su relación de parentesco con el presidente del Gobierno”.
Durante la vista, indica The Objective, las defensas solicitaron el archivo de la causa, mientras que las acusaciones populares —entre ellas Hazte Oír y Vox— pidieron nuevas diligencias.
El abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, explicó ante la prensa que “el que venga o no venga Begoña Gómez es procesalmente indiferente”, pero que las actuaciones seguirán su curso. En esta línea, desde Vox se subrayó la “gravedad institucional” del caso y se cuestionó el trato que recibe la esposa del presidente frente a otros investigados.
En ese contexto, conviene recordar que Hazte Oír ya protagonizó otras acciones judiciales relevantes, como su querella por el presunto sabotaje en la causa del hermano de Sánchez, y que Vox mantiene su ofensiva política y judicial contra lo que considera la “impunidad del sanchismo”, como denunció recientemente en otra causa abierta contra el fiscal general García Ortiz.
Posible exposición razonada para que el ‘caso Begoña Gómez’ pase a ser el ‘caso Sánchez’
Fuentes jurídicas próximas a las acusaciones apuntan que una de ellas pretende solicitar la imputación del propio Sánchez, lo que obligaría al juez Peinado a elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, al ser el presidente del Gobierno un aforado.
Si bien no todas las acusaciones comparten esta estrategia, una parte de ellas está decidida a actuar en solitario si el resto no respalda la iniciativa. Este paso, de concretarse, situaría el caso en una dimensión política e institucional de primer nivel.
No sería la primera vez que el Supremo se ve forzado a pronunciarse sobre el entorno del presidente. De hecho, en otros procedimientos recientes —como el del fiscal general García Ortiz, procesado por el Supremo— el alto tribunal ha marcado límites a la actuación del Ejecutivo.
Reacciones y clima en Plaza de Castilla
A la salida de los juzgados, Marta Castro, coordinadora jurídica nacional de Vox, lamentó la ausencia de Gómez y señaló irónicamente que “hoy al menos los españoles se ahorrarán el coste del dispositivo de seguridad”.
Por su parte, Luis María Pardo, representante de Iustitia Europa, recordó que, aunque la vista es una “diligencia personal”, la circular de la Fiscalía permite que los investigados no comparezcan. “Si fueran mis clientes, les habría recomendado venir”, añadió.
En los alrededores de los juzgados se escucharon cánticos y pancartas reclamando “igualdad ante la ley” y “fin de los privilegios del poder”, en una jornada que, aunque breve, refuerza la percepción pública de que el caso está lejos de cerrarse.
