El Gobierno ‘feminista’ amplió sus competencias sin refuerzos humanos, ni materiales y vulnera el derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva
Ignoraron los avisos: reformas legislativas ajenas a la realidad del Gobierno socialcomunista dejan al borde del caos los juzgados de violencia sobre la mujer.
La Audiencia Provincial de Madrid ha lanzado una advertencia contundente al Ministerio de Justicia, que dirige Félix Bolaños, y al de Igualdad: las secciones 26ª y 27ª, especializadas en violencia sobre la mujer, están al borde del colapso total por culpa de sus respectivas reformas legislativas y su inexistente dotación de medios para aplicarlas.
Según el acuerdo unánime alcanzado por la Junta General de Magistrados el pasado 2 de octubre, ambas secciones soportan ya una carga de trabajo que duplica los indicadores máximos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los tiempos de respuesta en apelación superan el año, una situación que —según los jueces— vulnera el derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva.
La saturación de los juzgados de violencia sobre la mujer vulnera el derecho a la tutela judicial de las víctimas
La situación se ha agravado con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que amplía las competencias de estos órganos para incluir delitos sexuales y nuevas formas de violencia.
Sin embargo, el Real Decreto 422/2025, que regula la creación de plazas judiciales, no prevé nuevos juzgados especializados, lo que los magistrados califican de “grave omisión del Gobierno”.
“Romper este marco sin medios suficientes desdibuja la configuración de estos órganos y convierte en papel mojado todos los logros conseguidos”, advierte el documento judicial.
Reacción inmediata para impedir que colapse un sistema saturado
El informe de la Audiencia Provincial recoge que la falta de refuerzos materiales y humanos podría provocar la pérdida de eficacia de la Ley Orgánica 1/2004, considerada un modelo internacional de protección integral. Los jueces reclaman la creación urgente de dos nuevas secciones y rechazan la idea de reconvertir las ordinarias, ya saturadas, en juzgados de violencia de género.
El texto, recogido en Confilegal, cita incluso al propio Servicio de Inspección del CGPJ, que ya en 2023 reconoció la sobrecarga y pidió medidas estructurales urgentes.
La Audiencia recuerda que el deber constitucional de los poderes públicos es garantizar los derechos fundamentales de las víctimas y cumplir los compromisos internacionales asumidos por España, como el Convenio de Estambul.
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