El gobierno portugués adelantó el coste del viaje pero exige el reembolso del mismo
Portugal exige, a diferencia del Gobierno español, que ha costeado los vuelos de regreso de los activistas deportados desde Israel, que sus ciudadanos paguen el billete de vuelta. Los cuatro portugueses que formaban parte de la flotilla con destino a Gaza deberán abonar el coste total del vuelo, según ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores luso.
Portugal adelanta el coste, pero exige el reembolso
El Ejecutivo portugués ha informado de que el precio de los vuelos fue adelantado por su consulado en Israel debido a que no se pudo contactar a tiempo con los ciudadanos durante su deportación. No obstante, estos gastos no serán asumidos por el Estado, ya que se considera que la participación en la flotilla fue una decisión personal de los activistas.
De acuerdo con la normativa consular portuguesa, los ciudadanos deben reembolsar los costes de repatriación cuando esta no es consecuencia de un conflicto bélico o una catástrofe natural. Por ello, Lisboa ya ha enviado una carta junto con un formulario de reembolso a los cuatro implicados, exigiendo el pago inmediato.
Contraste con la política del Gobierno español
Por el contrario, el Gobierno de España ha cubierto en su totalidad el retorno de los 65 activistas españoles deportados por Israel, sin solicitar reembolso alguno. Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español, dirigido por José Manuel Albares, se tomó esta medida excepcional debido a la «situación de vulnerabilidad extrema» en la que se encontraban los ciudadanos durante su retención.
El operativo español incluyó vuelos comerciales y un avión militar enviado a Atenas, desde donde se repatrió a parte del grupo. Esta decisión ha sido duramente criticada por partidos como VOX, que ha llegado a acusar al Gobierno de un posible delito de malversación por emplear fondos públicos en una acción que consideran responsabilidad exclusiva de los activistas.
Legalidad y debate político
La legislación española permite que, en casos excepcionales, el Estado adelante los costes de repatriación como un préstamo reembolsable. Sin embargo, esta opción no fue aplicada en el caso de los españoles deportados, ya que no se firmó ningún compromiso formal de devolución, según fuentes diplomáticas.
Por su parte, Portugal insiste en que la misión de la flotilla, la detención y posterior expulsión de sus ciudadanos son responsabilidad individual, y que la normativa vigente deja claro que el Estado no debe asumir estos costes en circunstancias voluntarias como esta.
