Estranguló con una toalla a la interna de apoyo que le asignaron dentro del Programa de Prevención de Suicidios
La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a 18 años de prisión a una reclusa que, en la noche del 7 al 8 de noviembre de 2021, asfixió hasta la muerte a su compañera de celda en la cárcel de Pamplona.
La magistrada ha declarado también la responsabilidad civil subsidiaria de Instituciones Penitenciarias, al considerar que hubo un “déficit de vigilancia” y una “omisión de medidas de protección” hacia la víctima.
Un asesinato dentro del Programa de Prevención de Suicidios de la cárcel de Pamplona
La víctima, interna desde abril de 2021, ejercía como reclusa de apoyo en el Programa de Prevención de Suicidios (PPS). Su función era acompañar por las noches a presas con riesgo autolítico. Entre ellas, la acusada, que padecía una grave adicción a las drogas.
Durante aquella madrugada, entre las 21:03 y las 3:10 horas, la procesada estranguló y asfixió a su compañera “en un acometimiento sorpresivo, inopinado y por la espalda”, según recoge la sentencia. El crimen se cometió “por la compresión extrínseca del cuello y la comprensión extrínseca de los orificios respiratorios”, empleando “un elemento ancho y con poca capacidad de producir abrasión cutánea (antebrazo, toalla)”.
La víctima había manifestado su malestar con la convivencia apenas unas horas antes del suceso. Aquella misma tarde presentó una instancia oficial de renuncia al programa, asegurando que compartir celda con la acusada le “afectaba a su salud mental”. Sin embargo, el centro no adoptó ninguna medida de protección, lo que ha sido clave para declarar la responsabilidad de la Administración penitenciaria.
Atenuante por alteración psíquica
Durante el juicio celebrado entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, el jurado popular declaró a la acusada, de 51 años, culpable de un delito de asesinato con la concurrencia de la atenuante de alteración psíquica. Los informes forenses concluyeron que su grave adicción a la heroína y la cocaína desde la adolescencia había causado “una merma relevante, no grave, de sus facultades intelectivas y volitivas”.
Por esa razón, aunque la fiscal solicitó una pena de 19 años, la defensa y una de las acusaciones particulares pidieron 15, y finalmente la magistrada impuso 18 años de prisión. Además, deberá cumplir 8 años de libertad vigilada tras su salida.
Responsabilidad civil de Instituciones Penitenciarias
La sentencia también es contundente respecto a la actuación de la Administración. La magistrada destaca que el asesinato ocurrió dentro de un centro penitenciario estatal y que la víctima estaba destinada precisamente a velar por la seguridad de la acusada.
Por ello, considera que hubo “un abuso de confianza total” y un fallo en la supervisión.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias deberá indemnizar con 148.096 euros a la hija menor de la fallecida, 65.820 euros a la madre y 20.000 euros a la pareja sentimental.
La resolución, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, subraya la gravedad de que una interna encargada de prevenir tragedias acabe convertida en víctima dentro del propio sistema penitenciario.
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