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El Supremo pide al Parlamento Europeo retirar la inmunidad a Alvise para investigarlo por financiación ilegal y delito electoral

Se solicita el suplicatorio tras hallar indicios de que recibió 100.000 euros en efectivo del empresario de criptomonedas, Álvaro Romillo ‘CyptoSpain’

A los dos días de la presentación de SALF como partido nacional que concurrirá a las próximas generales, Alvise Pérez la investigación del Supremo sobre la financiación de su partido llega hasta la Eurocámara.

Un magistrado del Supremo dictó un auto en el que solicita al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad parlamentaria del eurodiputado para continuar la investigación abierta contra él por presuntos delitos de financiación ilegal de partido político y delito electoral.

Mientras el Parlamento Europeo decide sobre el suplicatorio, la investigación queda suspendida, salvo en actuaciones urgentes que no afecten a los derechos del eurodiputado. El auto subraya, además, que los hechos investigados no guardan relación con su labor parlamentaria, sino que se remontan a acciones anteriores a su elección como eurodiputado.

Alvise Pérez y Álvaro Romillo ‘CyptoSpain’

El procedimiento se relaciona con la recepción de 100.000 euros en efectivo que Alvise habría recibido de Álvaro Romillo, alias CryptoSpain, un empresario vinculado al sector de las criptomonedas e igualmente investigado.

Según el auto, los hechos derivan de una denuncia de este último, que relató una reunión previa a las elecciones europeas en la que Pérez habría solicitado fondos para financiar su partido “de forma oculta”, sin dejar constancia documental ni contable.

El magistrado detalla que el dinero fue entregado por un intermediario designado por el empresario, quien entregó una mochila con la cantidad acordada al eurodiputado. Alvise admitió haber recibido la suma y afirmó haberla empleado parcialmente —alrededor del 50 %— en gastos del partido, como viajes y almuerzos, aunque sostuvo que se trataba del pago por una conferencia en Madrid, una explicación que el juez califica como “poco verosímil”.

Delitos imputados y suspensión de las actuaciones

La prueba pericial del teléfono móvil intervenido al empresario refuerza los indicios, al mostrar conversaciones sobre la entrega del dinero y los detalles de una presunta financiación irregular, según la policía judicial.

Para el instructor, estas actuaciones vulneran los principios de transparencia y equidad electoral, al suponer el uso de fondos no declarados superiores a 50.000 euros con fines electorales.

El juez califica los hechos, de forma provisional, como posibles delitos de financiación ilegal de partidos políticos (artículo 304 bis.1 del Código Penal) y delito electoral (artículo 149.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General).

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