La Fiscalía da carpetazo a la denuncia por “odio” contra Abascal
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por los Comuns contra el líder de VOX, Santiago Abascal, por sus declaraciones tras los disturbios de Torre Pacheco (Murcia) el pasado julio.
En un escrito firmado por la ex fiscal general del Estado y actual fiscal del Supremo, Consuelo Madrigal, se afirma que las manifestaciones de Abascal no constituyen delito alguno. El líder de VOX había denunciado públicamente la “invasión migratoria” y la “violencia de origen marroquí” tras la agresión a un anciano, un suceso que conmocionó a la localidad.
“Torre Pacheco es sólo un ejemplo de lo que está pasando en toda España. Esto ya es una auténtica plaga”, dijo Abascal el 14 de julio.
Madrigal: “No hay vínculo causal entre las palabras y los disturbios”
El dictamen de la Fiscalía subraya que las declaraciones del dirigente de VOX fueron posteriores a los incidentes y no pueden relacionarse con ellos.
“No es posible vincular causalmente las manifestaciones con los disturbios previos”, concluye Madrigal, que añade que las palabras del político se enmarcan “en el contexto del combate político público y la crítica legítima”.
Este razonamiento coincide con la línea que la Fiscalía del Supremo ya adoptó en casos similares, en los que ha defendido la libertad de expresión de los representantes políticos dentro del debate público.
Abascal: “La verdad se abre camino”
Fuentes cercanas a VOX han celebrado el archivo del caso como una “victoria de la libertad frente a la censura ideológica”.
Desde el entorno del líder se recuerda que las denuncias de los Comuns formaban parte de “una estrategia de persecución judicial para silenciar a quienes denuncian los efectos de la inmigración ilegal”.
El propio Abascal, según adelanta el medio Bipartidismo Stream, abordará el tema esta noche en una entrevista exclusiva a las 21:00h en su canal de YouTube, donde también comentará el plan migratorio presentado por Feijóo.
Torre Pacheco, símbolo de un problema nacional
El episodio de Torre Pacheco, donde un anciano fue brutalmente agredido por dos inmigrantes ilegales marroquíes, ha reavivado el debate sobre la inseguridad y el control fronterizo.
Abascal lo utilizó como ejemplo de lo que considera una crisis migratoria extendida:
“Esto está pasando en muchos pueblos de Castilla y León, en Cataluña y en toda España. Y tiene responsables”.
VOX ha pedido al Gobierno que refuerce la política de deportaciones y ponga fin a las subvenciones a las ONG que gestionan los centros de inmigración ilegal, un asunto que el Ejecutivo sigue sin aclarar (leer: El Gobierno seguirá ocultando el destino de los menas trasladados).
Una fiscal que marca perfil propio
Consuelo Madrigal, conocida por su independencia y firmeza, ha recordado en su resolución que “no toda expresión polémica o impopular es delito”.
Su pronunciamiento contrasta con la línea ideológica de parte del Gobierno y con la actuación del fiscal general García Ortiz —procesado recientemente por el Supremo—, lo que refuerza la percepción de división interna en el Ministerio Público.
(ver caso García Ortiz procesado)
Mientras tanto, el Gobierno reparte millones y abre el debate del aborto
El mismo día que se conocía la decisión de la Fiscalía, el Consejo de Ministros de Sánchez aprobaba más de 167 millones de euros en transferencias internacionales y préstamos multimillonarios a empresas como Indra, participada por la SEPI.
Además, el Ejecutivo daba luz verde a una reforma constitucional para reconocer el aborto como derecho fundamental, una medida que la oposición considera “una maniobra de distracción ante los escándalos de corrupción”.
(leer: El Gobierno de Sánchez deja bajo mínimos a la clase media española)
: la batalla por el relato continúa
El archivo de la denuncia contra Abascal reafirma la libertad de expresión política frente a los intentos de censura ideológica.
El líder de VOX consolida su discurso sobre inmigración, mientras el Gobierno de Sánchez se enfrenta a nuevas críticas por su gestión económica y moral.
Todo indica que el enfrentamiento entre ambas visiones —la España que exige control y la que promueve la “agenda globalista”— seguirá marcando la agenda política de los próximos meses.
