La formación liderada por André Ventura impone restricciones a la política migratoria lusa
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha promulgado la nueva ley de extranjería tras su revisión por el Tribunal Constitucional y la aprobación casi unánime en el Parlamento. Esta reforma, impulsada con el respaldo del partido soberanista CHEGA, establece un marco legal más estricto para la política migratoria del país, con especial énfasis en la integración y el control de la reagrupación familiar.
Reforma migratoria en Portugal: más exigencias para la reagrupación familiar
La nueva normativa define con precisión el régimen jurídico para la entrada, estancia, salida y expulsión de extranjeros en Portugal. Entre las medidas más destacadas, se limita la reagrupación familiar únicamente a aquellos inmigrantes que hayan residido legalmente en el país durante al menos dos años, salvo casos excepcionales justificados. Esta restricción busca ordenar el flujo migratorio y garantizar una mejor integración de las familias.
Enfoque en la integración: idioma y valores culturales como requisitos
Además de controlar el acceso a la reagrupación familiar, la ley promueve la llegada de inmigrantes con formación académica y cualificación profesional que aporten al mercado laboral portugués. Asimismo, quienes deseen establecerse de forma permanente deberán demostrar un conocimiento básico del idioma portugués y un respeto por los valores culturales y normativos del país, reforzando así la cohesión social.
Contexto político y social: un giro hacia una migración más ordenada
Esta reforma representa un cambio significativo en la política migratoria de Portugal, que durante años mantuvo una postura más abierta con procesos masivos de regularización que generaron presión sobre los servicios públicos. El apoyo clave de CHEGA, liderado por André Ventura, ha facilitado que el Gobierno de António Costa avance hacia un modelo migratorio más riguroso y soberano, en línea con las tendencias políticas europeas actuales.
El presidente Rebelo de Sousa destacó que esta ley cuenta con el respaldo del 70 % del Parlamento y responde a las observaciones constitucionales previas, garantizando un marco legal sólido y consensuado.
