Una trama digna de una serie de Netflix ha sacudido Andalucía. La Guardia Civil ha detenido a once personas en la localidad gaditana de Los Barrios, acusadas de integrar una red criminal que vendía propiedades de lujo suplantando la identidad de sus dueños.
Entre los arrestados, un nombre destaca por encima de todos: un funcionario de la Agencia Tributaria que, desde dentro, habría facilitado datos confidenciales para hacer posibles las estafas.
Un fraude millonario en la Costa del Sol
La investigación comenzó en febrero del pasado año, cuando un empresario de Albacete denunció haber pagado 400.000 euros por una parcela en Marbella que nunca llegó a ser suya.
La compraventa se formalizó con documentación falsa y ante notaría, utilizando pasaportes falsificados y firmas manipuladas.
Aquel caso fue solo la punta del iceberg: los agentes descubrieron un entramado perfectamente jerarquizado, con especialistas en falsificación, captación de víctimas y blanqueo de dinero.
Los detenidos, según el Instituto Armado, identificaban a propietarios extranjeros que pasaban largas temporadas fuera de España. Después, publicaban anuncios de venta a precios tentadores y suplantaban a los dueños para cerrar las operaciones con compradores reales.
El funcionario infiltrado
Entre los once arrestados hay un funcionario de la Agencia Tributaria que, según la Guardia Civil, filtraba datos personales y fiscales de los propietarios de las viviendas.
Esa información resultaba clave para elaborar documentación falsa, contratos simulados y poderes notariales que daban apariencia legal a las compraventas.
Su papel era decisivo: sin esos datos internos, la estafa habría sido imposible. Los investigadores lo acusan de cohecho, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. Además, se le atribuye falsedad documental y colaboración necesaria en estafa.
Operación con dos ramales
La primera fase de la operación se saldó con cuatro detenidos y registros en Marbella, Jimena de la Frontera y Toledo, donde se incautaron 130.000 euros en efectivo y abundante documentación falsificada.
En la segunda fase, el grupo intentó repetir la jugada en Benahavís (Málaga), esta vez suplantando la identidad del CEO de una aerolínea internacional. La víctima detectó el intento a tiempo y lo denunció, lo que permitió cerrar el círculo de la investigación.
La Guardia Civil asegura que la organización funcionaba como una empresa criminal, con estructura, jerarquía y tareas muy definidas: captadores, falsificadores, vendedores, intermediarios… y el “funcionario clave” que abría las puertas a los datos privados.
Casas de lujo y documentos falsos
El método era tan sofisticado como arriesgado. Los delincuentes falsificaban pasaportes y escrituras notariales, simulaban poderes de representación y se presentaban en notarías locales como los auténticos propietarios.
Una vez cerrada la venta, transferían el dinero a cuentas en paraísos fiscales antes de desaparecer.
El uso de propiedades de lujo en zonas exclusivas de Marbella y Benahavís no era casual: el objetivo era atraer a compradores solventes, acostumbrados a operaciones rápidas y sin demasiadas preguntas.
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Una red desmantelada, pero con ecos preocupantes
El caso ha causado un auténtico terremoto en los círculos de la administración pública. La participación de un funcionario de Hacienda vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de las filtraciones internas y la falta de control sobre los accesos a datos sensibles.
Fuentes judiciales confirman que la investigación sigue abierta y no descartan más detenciones relacionadas con la red.
En contexto
- 11 detenidos: entre ellos un funcionario de Hacienda.
- 400.000 euros estafados por una sola parcela en Marbella.
- Pasaportes y escrituras falsas para vender casas de lujo.
- Registros en Cádiz, Málaga y Toledo.
