«Es una figura clave en la lucha contra la corrupción» han afirmado
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la principal agrupación de jueces en España, ha reafirmado su rechazo a la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, según declaraciones a LA GACETA.
Preocupación por la independencia del Ministerio Fiscal
El magistrado Alejandro González, titular del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Palma de Mallorca y miembro del comité ejecutivo nacional de la APM, asegura que aunque la asociación no se opone a la modernización del proceso penal, le preocupa que la atribución de la investigación de delitos al Ministerio Fiscal carezca de autonomía funcional y jerárquica real frente al poder ejecutivo.
“Si el fiscal depende orgánicamente del Gobierno, no puede ejercer sus funciones instructoras con la independencia que exige la Constitución y el derecho europeo. Queremos reformas que fortalezcan el proceso y mejoren la administración de Justicia, pero este modelo genera riesgos que lo debilitan”, afirma González.
Riesgo de interferencia política en la investigación de delitos
Frente a las sospechas de quienes consideran que la reforma busca proteger a círculos políticos cercanos al presidente del Gobierno, la APM aclara que no corresponde analizar las intenciones del Ejecutivo, pero advierte que un modelo de instrucción dependiente del Gobierno podría facilitar interferencias en la investigación judicial.
“El proceso penal solo es creíble cuando quien investiga es independiente y además lo parece. Esto no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para los ciudadanos”, añade el magistrado.
La acusación popular, clave contra la corrupción
La APM considera que la modificación de la figura de la acusación popular es perjudicial. Según el magistrado González, esta figura está protegida por la Constitución (artículo 125) y ha sido fundamental en la lucha contra la corrupción en casos emblemáticos como los ERE, Gürtel, Filesa o GAL.
“La acusación popular permite a los ciudadanos participar en la justicia penal como control democrático. La reforma impone requisitos que restringen su ejercicio, pero la solución no es eliminarla, sino regularla mejor para fortalecer su función cívica y garantizar transparencia”, explica González.
