«La directiva europea sobre residuos no comprometía a aprobar una ley inmediata para crear tasas, que es lo que se hizo en España”
La tasa de gestión de residuos urbanos, en otras palabra, la tasa de basuras, supondrá un aumento de los ingresos fiscales en los 17 ayuntamientos más grandes de España del 7% en 2025 respecto al año anterior.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en sus recientes estimaciones sobre los presupuestos municipales para 2026, señala que, para el ejercicio próximo, el efecto de la tasa se habrá moderado y ya solo representará un incremento del 2% de los ingresos fiscales.
De los 17 grandes municipios (aquellos que superan los 250.000 habitantes) hay cuatro que los aumentarán todavía más, un 9%. Son Madrid, Valencia, Alicante y Córdoba. En 2026, serán las ciudades de Sevilla, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y Valladolid los que superen el 9% de incremento de sus ingresos a cuenta de la tasa.
El informe especifica que «alguna corporación local todavía se encuentra en proceso de elaboración o adaptación de la correspondiente ordenanza fiscal» de este instrumento fiscal.
Economía circular
La tasa de basuras, como refleja El Economista, fue aprobada por el Gobierno en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular. Obliga a todos los municipios de más de 5.000 habitantes a implementarla a partir de abril de 2025. Aunque deja a cada uno los criterios de fijación de la cuantía.
Algunos, como el de Madrid, han empezado a pasar los recibos a los ciudadanos y las bases de la cantidad a pagar por vivienda es, este año, el valor catastral, la cantidad de residuos generados y el grado de reciclaje en cada barrio.
Para el año que viene el Ayuntamiento dirigido por Almeida ha anunciado que el criterio básico será el número de personas empadronadas en cada vivienda y que, además, bajará el IBI para compensar. No son pocos los ayuntamientos ya existía una tasa de basuras incluida en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Imposición ‘eco’
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha quejado de esta imposición ‘eco’ del Sanchismo. «La directiva europea sobre residuos no comprometía a aprobar una ley inmediata para crear tasas… Que es lo que se hizo en España. Todas las tasas son voluntarias y esta no lo es. Y encima tiene que ser no deficitaria» aseguró a El Economista su secretario general Luis Martínez-Sicluna. La FEMP augura una multitud de recursos contra esta nueva tasa.
