Contratos sin licitación durante la pandemia por parte del gobierno autonómico de Canarias
Entre julio de 2019 y julio de 2023, el Ejecutivo canario presidido por Ángel Víctor Torres concedió cerca de una veintena de contratos de emergencia sin concurso público, valorados en unos 45 millones de euros. Las adjudicatarias fueron cinco empresas que posteriormente quedaron bajo la lupa de la Fiscalía Europea, la Audiencia de Cuentas de Canarias y la UCO de la Guardia Civil.
A estos contratos se suman otros 17,6 millones de euros otorgados a ACJ Inversiones Canarias, cuyos directivos fueron citados por el Parlamento autonómico dentro de la investigación del caso Mascarillas.
Emergencia sanitaria y adjudicaciones directas
Según un análisis de The Objective, los contratos se firmaron en los meses más críticos de la pandemia, cuando la escasez de material sanitario obligó a recurrir al procedimiento de emergencia establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.
Este mecanismo permitía comprar mascarillas, batas o material de protección sin licitación previa, con la opción de financiar los gastos mediante fondos europeos del Feder y del programa React-EU.
Cinco empresas bajo investigación
Las compañías Innjoo Technology, Damco Trading, Tanoja Services, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas y RR7 United resultaron beneficiadas por estos contratos y posteriormente fueron objeto de investigación por presunto fraude, irregularidades en subvenciones y cobro de comisiones.
Soluciones de Gestión y el caso Koldo
Esta empresa obtuvo 12,3 millones de euros en cuatro contratos con fondos europeos. Los investigadores apuntan al empresario Víctor de Aldama como intermediario oculto, pese a no figurar oficialmente en la compañía. Parte del dinero habría sido desviado a su entramado empresarial.
Los informes no atribuyen delitos al entonces presidente canario, aunque recogen que mostró interés en algunos pagos gestionados por Koldo García. Torres, hoy ministro de Memoria Democrática, calificó estas acusaciones de “infamias”.
RR7 United y el contrato fallido de mascarillas
RR7 United firmó un contrato de 4 millones de euros para suministrar un millón de mascarillas FFP3, pero el material no cumplió con lo pactado. La operación, financiada con fondos de la UE, está siendo investigada por la Fiscalía Europea. El escándalo llevó a la dimisión de Conrado Domínguez, entonces director del Servicio Canario de Salud (SCS).
Damco Trading Services, bajo la lupa
Damco Trading Services recibió 16,6 millones de euros en siete contratos financiados por Europa, además de otros tres sin fondos europeos por más de tres millones.
La Audiencia de Cuentas detectó carencias en la acreditación de solvencia técnica y deficiencias en la trazabilidad del gasto. La Fiscalía Europea ha reclamado todos los documentos para revisar el uso de los fondos.
Tanoja Services e Innjoo Technology
Tanoja Services, con sede en Madrid, logró 4,2 millones de euros en contratos de emergencia. En 2024, el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas abrió diligencias sobre los contratos de Tanoja y Damco.
Por su parte, Innjoo Technology, filial de una marca con sede en Dubái, fue la única gran adjudicataria no considerada pyme, con 7,7 millones de euros en seis contratos. La policía detectó posibles irregularidades en importaciones y control de calidad.
ACJ Inversiones Canarias, la mayor adjudicataria
ACJ Inversiones Canarias obtuvo 20 contratos de emergencia que sumaron 17,6 millones de euros. Aunque la empresa niega estar imputada, la Audiencia de Cuentas señaló deficiencias documentales y fallos en el control de los expedientes.
Falta de control y supervisión en las adjudicaciones
Los informes oficiales coinciden en un patrón común: el uso del procedimiento de emergencia redujo los controles administrativos, pero no eximía de justificar la necesidad de cada contrato ni de acreditar la solvencia de los proveedores, especialmente cuando se trataba de fondos europeos.
La Audiencia de Cuentas de Canarias detectó anomalías relevantes en numerosos expedientes, mientras que la Fiscalía Europea continúa revisando las adjudicaciones cofinanciadas para determinar si cumplieron con la normativa comunitaria.
Un ejemplo de los límites de la contratación de emergencia
Aunque el procedimiento de emergencia se aplicó en todo el país durante la crisis sanitaria, el caso canario se ha convertido en un ejemplo de las carencias del sistema: falta de control, escasa trazabilidad del dinero público y opacidad en el uso de fondos europeos.
Ángel Víctor Torres sostiene que no intervino en la elección de las empresas adjudicatarias y que la gestión correspondió íntegramente al Servicio Canario de Salud.
