Nuevo terremoto político en Moncloa. Las investigaciones del Tribunal Supremo han confirmado la existencia de una red de blanqueo de dinero del PSOE en República Dominicana, en el marco del escándalo trama Koldo–Ábalos, que ya salpica directamente a altos cargos del partido.
Según fuentes judiciales citadas por Libertad Digital, los magistrados sostienen que existió un sistema perfectamente organizado para canalizar dinero procedente de contratos públicos hacia cuentas y empresas en el extranjero.
“No fue casualidad, fue una red internacional de blanqueo”, apuntan los investigadores.
Los testimonios recogidos en el sumario son demoledores. Entre ellos destaca el de Aránzazu Granel Barbadillo, empleada de una compañía vinculada a Javier Serrano, socio del empresario Víctor de Aldama, quien admitió haber entregado dos veces 10.000 dólares en efectivo al hermano de Koldo García en la isla caribeña, siguiendo órdenes directas de sus superiores.
El propio Serrano confirmó ante el Supremo que su empresa operaba en República Dominicana y que las transferencias en metálico fueron ordenadas por Aldama.
Estas declaraciones refuerzan la tesis del tribunal: el dinero de las adjudicaciones se movía fuera de España para evitar el control de Hacienda y la trazabilidad bancaria.
Otro testimonio clave es el de Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, quien reconoció viajar de forma reiterada a República Dominicana.
Los jueces califican esos desplazamientos de “inusuales y difícilmente explicables”, señalando que coinciden con fechas de supuestas entregas de dinero en la isla.
Blanqueo de capitales del PSOE en República Dominicana
El Tribunal Supremo va más allá y sostiene que Koldo García Izaguirre y el exministro José Luis Ábalos se aprovecharon de su posición institucional para obtener ventajas económicas y facilitar adjudicaciones irregulares a empresas afines.
Según declaró el propio Aldama, “los pagos se hacían en metálico e incluso dentro del ministerio o en la residencia del ministro”.
Aldama también aseguró haber utilizado fondos de una de sus empresas dominicanas —dedicada a pruebas de detección de Covid-19 a turistas— para satisfacer las exigencias económicas del exministro y su colaborador.
Con todos estos indicios, el Supremo apunta a una estructura internacional de blanqueo perfectamente engrasada, con ramificaciones políticas, empresariales y financieras.
Un caso que amenaza con convertirse en el mayor escándalo de corrupción del PSOE en los últimos años y que podría alcanzar directamente al entorno de Pedro Sánchez y Begoña Gómez.
