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Sanidad desmonta el mito ‘eco’: el 70% de los productos “bio” no aportan ningún beneficio real y solo disparan la factura del supermercado

La burbuja ecológica: más marketing que salud

Durante años, los lineales del supermercado han cambiado su aspecto: colores verdes, etiquetas con hojas, sellos oficiales, palabras como “natural”, “eco”, “orgánico”, “bio”.

Pero un informe interno del Ministerio de Sanidad —publicado sin grandes titulares pese a su impacto— acaba de dinamitar el relato: más del 70% de los productos “ecológicos” no ofrecen ventajas reales ni nutricionales ni medioambientales frente a sus equivalentes convencionales.

Lo que sí aportan, según el estudio, es un incremento de precio que oscila entre el 30% y el 80%. Una subida que muchas familias ya perciben cada mes en el supermercado.

No son más nutritivos: los datos lo confirman

Nutricionistas consultados para el informe coinciden: la etiqueta “eco” no mejora la composición del alimento.
Las diferencias en vitaminas, antioxidantes, minerales o proteínas suelen ser mínimas o inexistentes, y en muchos casos ni siquiera apreciables en laboratorio.

“Es un fenómeno psicológico, no científico”, explican desde una asociación de dietistas. El consumidor se siente más seguro con un sello que no garantiza nada relevante en términos de salud.

Marketing emocional: la clave del negocio

El informe desvela que gran parte del auge del sello “bio” se basa en estrategias de marketing diseñadas para generar confianza, aunque no haya evidencia que lo respalde.

Uno de los detalles más llamativos del documento es que muchas cadenas pagan por certificar productos que apenas han cambiado respecto a su versión estándar.
Incluso algunas marcas reformulan recetas sin necesidad real, solo para adaptarse a la tendencia de venta “verde”.

Esto ha creado un mercado multimillonario que, según Sanidad, movió más de 2.000 millones de euros solo en 2024.

El sello ‘eco’: caro, complejo y a menudo inútil

Obtener la certificación “eco” puede costar decenas de miles de euros a productores pequeños.
Sin embargo, las grandes compañías —con músculo para absorber auditorías, tasas y certificaciones— llenan el mercado de productos ecológicos que no son mejores, pero cuestan bastante más.

El informe advierte de que esta dinámica está “distorsionando el mercado, desplazando a pequeños productores y fomentando la falsa sensación de calidad”.

¿Y el medio ambiente? Otro mito desmontado

Uno de los argumentos más repetidos por las campañas ecológicas es que estos productos tienen un menor impacto ambiental.
Pero el documento de Sanidad avisa: no siempre es así.

Algunos productos “eco” requieren:

  • Más terreno
  • Más agua
  • Más logística de transporte
  • Más embalaje para certificación

En ciertos casos, incluso generan más CO₂ que sus equivalentes tradicionales.

Los consumidores empiezan a reaccionar

Las asociaciones de consumidores llevan años alertando de este problema, pero es la primera vez que un organismo oficial lo reconoce con datos duros.

Hoy, las quejas más frecuentes son:

  • Etiquetado confuso
  • Precios inflados
  • Atributos engañosos
  • Sello “eco” usado como reclamo sin justificación científica

Y lo más preocupante: muchos consumidores creen que comen mejor… sin hacerlo realmente.

Qué merece la pena y qué no

El informe distingue entre productos donde sí puede existir una diferencia (aunque no siempre):

  • Frutas y verduras muy sensibles a pesticidas
  • Huevos procedentes de granjas no intensivas
  • Algunos cereales sin aditivos

Y productos donde pagar más no tiene ningún sentido:

  • Leches “eco”
  • Yogures
  • Snacks “orgánicos”
  • Galletas y ultraprocesados “naturales”
  • Legumbres envasadas “bio”
  • Aceites y vinagres certificados sin diferencia real

La recomendación es simple: leer etiquetas y desconfiar de lo que sube de precio sin justificación.

Un mercado en expansión… y sin regulación clara

El informe alerta de que el término “eco” se ha convertido en una zona gris legal donde caben interpretaciones creativas que rozan la publicidad engañosa.

Sanidad sugiere endurecer los criterios y mayor vigilancia institucional, aunque no concreta plazos ni sanciones.

El consumidor, mientras tanto, sigue pagando más.

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