Ver a Álvaro García Ortiz sentado en el banquillo es una de las cosas que “debilitan la democracia” en España
El magistrado jubilado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, está promocionando su libro en las grandes televisiones del país. Y durante las entrevistas que ha concedido está alertando sobre los casos que están debilitando la democracia, como el del fiscal general del Estado.
Manuel García-Castellón ha lanzado un duro diagnóstico sobre el clima político y judicial en España durante una entrevista en Antena 3. El juez, ya retirado, ha valorado la declaración del fiscal general ante el Tribunal Supremo y ha expresado su preocupación por el deterioro institucional. “Unas cosas al lado de otras debilitan la democracia… de una forma, para mí, aterradora”, afirma, aludiendo a la imagen del fiscal general sentado “como un ciudadano más” en el banquillo.
García-Castellón señala que la base del sistema democrático es el imperio de la ley y que cuestionarlo “es cargarse el Estado de derecho”. En esa línea, critica abiertamente la presión que, a su juicio, están recibiendo los siete magistrados del Tribunal Supremo encargados de resolver el caso: “Es intolerable que se ponga en tela de juicio su prestigio desde un aparato mediático importante”.
Se ha quebrantado el respeto tradicional
El magistrado lamenta que en España se haya quebrado el respeto tradicional hacia las resoluciones judiciales y recuerda que hace pocos años los políticos evitaban comentar sentencias. Reivindica la crítica, pero distingue entre opinión y ataque: “Otra cosa es acusar de ‘lawfare’, que en realidad es acusar de prevaricación sin atreverse a decirlo”.
García-Castellón pone como ejemplo el caso del juez Peinado, que afrontó cuatro querellas por prevaricación, todas archivadas. “Si un tribunal ya ha dicho que no hay prevaricación, ¿por qué se sigue insistiendo?”, se pregunta.
El juez alerta de que este clima no solo erosiona la confianza en los magistrados, sino también en Fiscalía, Abogacía del Estado y en unidades como la UCO. Esto al final termina afectando al ciudadano más vulnerable: “El débil acabará pensando que el juez que le investiga también prevarica. Y eso destruye el sistema”.
