Además de Javier Aureliano García, la Guardia Civil ha detenido al vicepresidente, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, al vicepresidente, Fernando Giménez, y al alcalde de la localidad almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez. Todos del PP.
Los tres estaban siendo investigados por el caso mascarillas. La Guardia Civil ha detenido en total a cinco personas y continúa con los registros de cinco viviendas, entre ellas las de los tres políticos. La operación sigue abierta y se encuentra bajo secreto de sumario. Lo ha confirmado RTVE.
Los detenidos se encontraban investigados judicialmente dentro del conocido como caso mascarillas, que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante la pandemia. Las mismas fuentes indican que las detenciones van más allá del casos mascarillas y están relacionadas con adjudicaciones de contratos de obra pública.
No hay valoraciones
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha querido valorar esta mañana las detenciones de los políticos del PP andaluz. Dice que lo hará cuando tenga «la información adecuada».
En términos similares se ha pronunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Ha asegurado a los medios que, de momento no tiene «ninguna información salvo la que me han trasladado a través de los teletipos las distintas agencias de información».
El PSOE solicitó la comparecencia de García como testigo
Por otro lado, a principios de noviembre, el Partido Socialista solicitó que se llamase a declarar como testigo en esta causa a García, presidente provincial y también del PP de Almería como responsable último de la firma del contrato público que dio origen a la causa.
El PSOE, que ejerce la acusación popular, pretendía esclarecer cuándo, cómo y quien tuvo conocimiento de las negociaciones y adjudicaciones investigadas. La solicitud se fundamentó en “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados” y en los nuevos datos contenidos en el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 25 de abril.
Según el escrito de los socialistas, se trataba de determinar si pudieron concurrir indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas en la tramitación del contrato, valorado en dos millones de euros.
