La población británica vuelve a estallar ante la inmigración ilegal masiva
La localidad de Crowborough, en el condado inglés de Sussex, se ha convertido esta semana en el centro de una creciente protesta ciudadana. El motivo: la confirmación por parte del Ministerio del Interior y del Consejo del Distrito de Wealden de su intención de alojar a unos 600 solicitantes de asilo en un campo de entrenamiento militar situado a las afueras del municipio.
Los residentes aseguran que las autoridades han gestionado la información de forma opaca durante semanas y temen que la medida afecte a la seguridad, al entorno natural y al uso tradicional de estas instalaciones, que hasta ahora servían para la formación de cadetes del Ejército y de la fuerza aérea.
Una comunidad que se siente ignorada
El histórico lema de Sussex, “No nos dejaremos arrastrar”, refleja con fuerza el sentimiento actual de Crowborough. Lo que comenzó como sorpresa ha derivado en una oposición organizada, que considera que la decisión se ha tomado sin consultar a la población y sin tener en cuenta las necesidades reales del municipio.
Manifestaciones masivas y creciente tensión
La tensión se hizo visible el pasado domingo, cuando unas 2.000 personas —acompañadas incluso por decenas de perros— marcharon por las calles tras reunirse cerca de Crowborough Beacon. Con pancartas y banderas, corearon lemas como “Crowborough dice no” y críticas dirigidas al Gobierno central.
Las movilizaciones continuarán en los próximos fines de semana, y los vecinos ya han iniciado una campaña de recaudación de fondos para financiar posibles acciones legales, con el apoyo del Kennel Club local.
Preocupación por la gestión migratoria
Aunque la ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha anunciado nuevas medidas para reducir la entrada irregular en el país, los residentes de Crowborough consideran que la situación dista mucho de estar bajo control. El buen clima en la costa sur sigue favoreciendo las llegadas y el procedimiento continúa siendo el de siempre: procesamiento en Manston y posterior alojamiento en hoteles o instalaciones de localidades que no han dado su consentimiento previo.
