Está acusado de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos
La Fiscalía Anticorrupción planea pedir más de 20 años de cárcel para el exministro socialista José Luis Ábalos, según informan fuentes del propio Ministerio Público a El Mundo. De confirmarse, se trataría del primer escrito formal de acusación contra quien fue uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez durante los años más intensos de su Gobierno.
El procedimiento judicial en torno a Ábalos dio un paso clave el pasado 3 de noviembre, cuando el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decidió cerrar la fase de instrucción y transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado. Esto sitúa a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama camino al banquillo de los acusados por las adjudicaciones relacionadas con la compra de material sanitario durante la pandemia. El juez otorgó un plazo de diez días a la Fiscalía para presentar su acusación formal.
No obstante, el escrito que prepara la Fiscalía no se limitará únicamente al caso mascarillas. El Ministerio Público incluirá otros hechos investigados por el Supremo, como la contratación de Jésica en las empresas públicas Ineco y Tragsa, el alquiler de un piso en Plaza de España a una amiga cercana del exministro, la incorporación de Claudia Montes a la empresa Logirail, y la operación vinculada al chalet de La Alcaidesa, en Cádiz. Todos estos episodios se integran en una acusación que suma delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Paralelamente, Ábalos también es investigado en otra causa distinta por presuntas irregularidades en contratos de obra pública. En este segundo procedimiento, el juez Puente decidió este miércoles dejar en libertad a Santos Cerdán, quien fuera secretario de Organización del PSOE.
En conjunto, estos frentes judiciales sitúan a Ábalos en una posición procesal comprometida, con múltiples investigaciones abiertas y una inminente petición fiscal que podría superar los 20 años de prisión.
